La Contraloría General de la República detectó un presunto detrimento patrimonial por 33.009 millones de pesos en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tras identificar graves irregularidades en la gestión de bienes durante la vigencia 2025. Según la auditoría financiera practicada por el ente de control sobre los estados financieros e información presupuestal con corte al 31 de diciembre de ese año, se encontró que bienes fueron entregados sin los soportes documentales requeridos, sin que se pudiera verificar su ubicación física y, en algunos casos, sin estar incluidos en los registros contables de la entidad.
El hallazgo, fechado en Bogotá el 15 de julio de 2026, forma parte de un total de 23 hallazgos administrativos identificados durante el proceso de auditoría. De estos, 18 tienen presunta incidencia disciplinaria, mientras que uno de ellos, justamente el relacionado con los 33.009 millones de pesos, adquirió connotación fiscal. La irregularidad se originó principalmente en la falta de reconocimiento contable de recursos entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) como donaciones, así como en fallas en la calidad y confiabilidad de los registros contables de la Unidad.
Baja ejecución presupuestal y millonario rezago
El informe de la Contraloría también reveló una preocupante ejecución del presupuesto de la Unidad para las Víctimas durante 2025. De una apropiación vigente total de 4 billones 436.480 millones de pesos, la entidad logró comprometer 4 billones 341.502 millones, equivalentes al 97,85 por ciento del total. Sin embargo, las obligaciones efectivamente ejecutadas apenas alcanzaron los 2 billones 234.527 millones de pesos, lo que representa tan solo el 50,36 por ciento de la apropiación. Esta situación generó un rezago presupuestal cercano a los dos billones de pesos que, según el organismo de control, afectó directamente el cumplimiento de las metas institucionales de la entidad encargada de coordinar y ejecutar las políticas públicas de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
Pese a que la Unidad para las Víctimas adelantó gestiones para impulsar la ejecución de los compromisos misionales, la Contraloría concluyó que no se alcanzó el nivel de gasto previsto. Además de las irregularidades financieras, la auditoría incluyó una evaluación transversal de las políticas públicas asociadas con discapacidad, posconflicto, marcador para la paz, equidad de género, rendición de cuentas, participación ciudadana, austeridad del gasto, desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales, lo que evidencia un panorama institucional que requerirá medidas correctivas urgentes para evitar un mayor daño al patrimonio público.
