Tres comerciantes identificados como Jhon Pedro Rodríguez, de 38 años; Rodrigo Rodríguez, de 40; y Jhon Bastos, de 35, todos oriundos del departamento del Huila, fueron asesinados en la vereda El Barranco, zona rural del municipio de Corinto, Cauca. Sus cuerpos fueron hallados el 4 de julio de 2026 con signos de tortura, luego de haber sido reportados como secuestrados. Este hecho eleva a once el número de masacres registradas en el departamento durante 2026, la cifra más alta del país según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
En lo que va del año, Colombia ha contabilizado 69 masacres con un total de 364 personas asesinadas en estos hechos violentos. De ese consolidado, el Cauca concentra once casos, equivalentes al 15,9 por ciento del total nacional, y en ellos han perdido la vida 58 personas. La violencia colectiva en este departamento se ha intensificado por las disputas territoriales entre la disidencia Dagoberto Ramos y el Frente 57 “Yair Bermúdez”, que se disputan el control de corredores estratégicos para la movilidad y las economías ilícitas.
Un contexto de violencia recurrente
La Defensoría del Pueblo había advertido sobre esta peligrosa dinámica a través de la Alerta Temprana 019 de 2024, que señala los riesgos para la población civil ante la confrontación armada entre esos dos grupos. Las advertencias cobraron mayor vigencia tras la ofensiva armada registrada entre el 24 y el 30 de abril, atribuida al Bloque Occidental del Estado Mayor Central, específicamente al Frente Jaime Martínez, que dejó 24 acciones violentas, 22 muertos y 37 heridos en distintas localidades del Cauca.
El asesinato de los tres comerciantes en Corinto se suma así a una escalada de violencia que mantiene al Cauca como uno de los departamentos más golpeados del país por la acción de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo ha insistido en el riesgo inminente de homicidios, desplazamientos forzados y confinamientos en el norte del departamento, donde la confrontación por el dominio territorial se recrudece sin tregua. Las autoridades locales y organizaciones de derechos humanos hacen un llamado urgente a la intervención del Estado para contener la espiral de sangre que enluta a la región.
