La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024, pero devolvió nueve artículos y una proposición adicional a la Cámara de Representantes para que sean corregidos por vicios de trámite legislativo. El fallo, conocido antes del 26 de agosto de 2026, despeja la incertidumbre que pesaba sobre el sistema de pensiones desde la suspensión de la ley el año anterior. La reforma, que comenzará a regir el 1 de abril de 2027, transforma el modelo de administración de aportes: quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos dividirán sus contribuciones entre Colpensiones y los fondos privados. El Congreso tiene un plazo de 30 días hábiles para subsanar los defectos de procedimiento identificados en los artículos devueltos, relacionados con la prestación anticipada y reglas puntuales del proyecto.
La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), que representa a las AFP que gestionan los ahorros de más de 20 millones de afiliados, reaccionó al fallo con un comunicado en el que su presidente, Andrés Velasco, señaló que la industria entra en «modo implementación» para estar lista para la vigencia de la reforma. «Mientras se abren espacios institucionales para hacer del sistema pensional uno más equitativo, sostenible y de mayor cobertura, la industria de los fondos de pensiones queda pendiente de los detalles del fallo y entra en modo implementación para estar listos para la entrada en vigor de la reforma pensional», declaró Velasco. No obstante, el gremio advirtió que el nuevo esquema «termina con las megapensiones, pero será más costoso para las nuevas generaciones». En el mismo comunicado, Asofondos afirmó que la reforma «afecta el ahorro, suprime la libertad de elegir sistema de pensiones y deja una deuda inmensa a los más jóvenes», mientras que los rendimientos promedio históricos de los fondos privados han superado el 7 % por encima de la inflación.
Los detalles del fallo y la implementación
La Corte Constitucional mantuvo en pie la estructura general de la Ley 2381 de 2024, pero ordenó devolver nueve artículos específicos y una proposición a la Cámara de Representantes por no cumplir con los requisitos de debate exigidos en el trámite legislativo. La decisión judicial se produce después de que la ley fuera suspendida el año anterior, en 2025, tras objeciones de procedimiento. Ahora, el Congreso deberá corregir los vicios en un plazo de 30 días hábiles, mientras que Asofondos, Colpensiones y el Banco de la República deben ajustar sus planes operativos de implementación para que el sistema esté listo el 1 de abril de 2027. El gremio de las AFP pondrá a disposición su experiencia técnica en el nuevo debate legislativo que se avecina en la Cámara de Representantes.
«Mientras se abren espacios institucionales para hacer del sistema pensional uno más equitativo, sostenible y de mayor cobertura, la industria de los fondos de pensiones queda pendiente de los detalles del fallo y entra en modo implementación para estar listos para la entrada en vigor de la reforma pensional.»
Andrés Velasco, presidente de Asofondos
La reforma rediseña el sistema pensional colombiano al unificar la administración de los aportes hasta el umbral de 2,3 salarios mínimos en Colpensiones, mientras que los fondos privados gestionarán el ahorro complementario de los afiliados que superen ese tope. Asofondos, que representa a las administradoras de fondos de pensiones privadas que operan en el país, advirtió que el nuevo esquema «termina con las megapensiones», pero que resultará «más costoso para las nuevas generaciones» porque la reforma «afecta el ahorro, suprime la libertad de elegir sistema de pensiones y deja una deuda inmensa a los más jóvenes». Con el fallo de la Corte, la incertidumbre que rodeaba al sistema de pensiones desde la suspensión de la ley queda despejada, y las tareas de implementación ya están en marcha de cara a la entrada en vigor del primero de abril de 2027, un hito que transformará la forma en que los colombianos ahorran para su jubilación.
