La Corte Constitucional de Colombia analiza una demanda que cuestiona la exclusión de personas con discapacidad de cargos en los regímenes especiales de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el objetivo de extender los beneficios de la Ley 2418 de 2024 a estos entes. La ponencia, a cargo de la magistrada Natalia Ángel Cabo, se prepara desde septiembre de 2023 para la Sala Plena integrada por nueve magistrados, tras recibir conceptos de las entidades demandadas y el respaldo de la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de la Igualdad.
La acción judicial denuncia una omisión legislativa en la Ley 2418 de 2024, que amplió la inclusión laboral para personas con discapacidad en el sistema general de carrera administrativa, garantizando cupos preferenciales y gratuidad en concursos públicos, pero dejó fuera los regímenes especiales y específicos. Esta norma busca eliminar barreras estructurales de acceso, aunque la demandante, cuya identidad no se revela, argumenta que no existe justificación objetiva ni razonable para excluir a la Fiscalía, la Dian, la Registraduría, la Rama Judicial y otros entes de control, pese a que estos procesos de selección también deberían promover la igualdad y la protección reforzada para esta población.
Posturas divididas entre entidades públicas
La Dian ha manifestado disposición a adaptar sus procesos, afirmando que cuenta con normativa interna que ya protege a aspirantes con discapacidad, mientras la Fiscalía General de la Nación se opone firmemente a la imposición de cupos obligatorios, argumentando la especificidad de su régimen de carrera y las demandas únicas del ente investigador.
“hacer extensivas las medidas de la Ley 2418 de 2024 a sus procesos de selección”
Dian
“no exalta el mérito”
Fiscalía General de la Nación
Por su parte, la Procuraduría pide explícitamente la extensión de las medidas, reconociendo diferencias funcionales entre regímenes pero priorizando la inclusión laboral, en tanto el Ministerio de la Igualdad enfatiza que la protección no debe depender del tipo de carrera administrativa, dado el carácter estructural de las barreras que enfrenta esta población.
“la igualdad, la protección reforzada y la inclusión laboral de esta población”
Procuraduría General de la Nación
“justificación objetiva ni razonable”
Ministerio de la Igualdad
“barreras de acceso que enfrenta la población con discapacidades son de índole estructural”
Ministerio de la Igualdad
“la aplicación de la norma no debe ser extensiva a los regímenes especiales, aunado al hecho de la especificidad con el que cuenta el ente investigador”
Fiscalía General de la Nación
La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional permanece pendiente y fue revelada recientemente por el diario El Espectador, lo que podría marcar un precedente para ampliar los derechos de inclusión laboral de personas con discapacidad en entidades clave del Estado colombiano, alineando los regímenes especiales con los principios de equidad consagrados en la Ley 2418 de 2024.
