La reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, materializada en la Ley 2381 de 2024, se encuentra en un compás de espera mientras la Corte Constitucional define su futuro. El alto tribunal evalúa si la ley fue aprobada con vicios de trámite, específicamente por una presunta omisión del debate legislativo en la Cámara de Representantes, lo que podría llevar a declararla inexequible. En medio de esta incertidumbre judicial, la promesa de aumentar el bono mensual para los adultos mayores de los actuales 230 mil pesos a 400 mil pesos, una de las banderas del Ejecutivo, carece de certeza sobre su financiación y depende directamente de que la ley entre en vigor.
La demanda, presentada por la entonces senadora Paloma Valencia, argumenta que la ley no tuvo un debate autónomo y detallado en la Cámara, un requisito constitucional. La Corte, tras detectar este posible vicio, devolvió el texto al Congreso para subsanarlo, y ahora examina si la corrección realizada fue suficiente. El proceso ha sido largo: la ponencia pasó del magistrado Jorge Enrique Ibáñez a la magistrada Paola Meneses, luego de la salida del magistrado Héctor Alfonso Carvajal y de una recusación que forzó el impedimento de Ibáñez. La demora también responde a la necesidad de recaudar y verificar las actas y grabaciones del trámite legislativo.
Un sistema en suspenso y una promesa sin piso fiscal
La Ley 2381 propone un sistema de cuatro pilares para reordenar las pensiones en Colombia, pero su arquitectura está casi completamente suspendida mientras la Corte decide. De los artículos de la ley, solo están vigentes la regla de selección de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai) y la ventana de traslado entre regímenes, que permitió a más de 166 mil trabajadores cambiar de fondo. Esta ventana, establecida en el artículo 76, se cerró el pasado 16 de julio de 2025. El resto del sistema sigue operando bajo la Ley 100 de 1993.
Uno de los puntos más sensibles es el aumento de la transferencia mensual para adultos mayores, que la ley denomina Renta Básica. La promesa del presidente Petro de llevarla a 400 mil pesos mensuales para tres millones de beneficiarios tendría un costo anual estimado entre 14.4 y 15 billones de pesos, una cifra que no tiene espacio en el presupuesto del Departamento de Prosperidad Social (DPS) ni de Colpensiones, según advierte Andrés Felipe Izquierdo, director ejecutivo de Soluciones Pensionales ISP. El DPS proyecta que el programa Colombia Mayor, que hoy entrega 230 mil pesos, requerirá 8.4 billones de pesos para 2026. Sin la reforma vigente, no existen los mecanismos de financiación previstos, como el aumento de las cotizaciones al componente solidario para los trabajadores de mayores ingresos.
«Ya les dije que si Abelardo quiere cumplir la promesa del bono pensional a $400.000 mes, hay que lograr que la Corte Constitucional deje aplicar la ley aprobada ya de reforma pensional»
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
Lo que está en juego: el futuro de los pilares y los traslados
La decisión de la Corte no solo definirá el destino del sistema pensional, sino también la validez de los traslados y las elecciones de Accai que se realizaron mientras los artículos estaban vigentes. Expertos como Fabián Hernández Henríquez, profesor de Derecho de la Universidad de La Sabana, explican que si el tribunal declara inexequible la ley, el país regresará por completo a la Ley 100 de 1993. En cambio, si la declara exequible, se requeriría un plazo de al menos dos o tres meses para su implementación operativa, con ajustes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), nuevos decretos reglamentarios y la configuración de las Accai.
«Si la Corte Constitucional determina que existió un vicio de procedimiento insubsanable durante la aprobación de la reforma, declararía la inexequibilidad de toda la Ley 2381 de 2024»
Fabián Hernández Henríquez, profesor de Derecho, Universidad de La Sabana
Mientras tanto, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aclara que la Corte no está evaluando el fondo de la reforma sino únicamente el procedimiento legislativo. «Es decir que la Corte está analizando si el trámite de aprobación de la ley se hizo conforme a lo que establece la Constitución Política de Colombia», señaló. Además, Velasco desmintió que la división de cotizaciones entre Colpensiones y las Accai, otro de los puntos centrales de la ley, esté operando: «No, esa forma de dividir la cotización hace parte de los artículos que están suspendidos por la Corte».
Ante las acusaciones de que los recursos del programa Colombia Mayor se habrían utilizado con fines electorales, el Departamento de Prosperidad Social emitió un comunicado en el que califica esa afirmación como falsa. La entidad explicó que «los ciclos de las transferencias son mensuales y no se pueden suspender, porque incurriría en violación a la ley que reglamenta el programa». El fallo de la Corte Constitucional, que se espera en los próximos meses, despejará el panorama para millones de colombianos que esperan una definición sobre su futuro pensional y sobre el alcance real de la promesa del bono de 400 mil pesos.
