La Corte Constitucional revocó temporalmente la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Dimayor por presunta colusión en el mercado de fichajes de futbolistas del fútbol profesional colombiano, una decisión que ha generado controversia debido a un posible conflicto de intereses del magistrado Carlos Camargo. Este jurista integró la comisión arbitral de la Dimayor hasta febrero de este año, según reveló Noticias Uno, y la SIC ha denunciado la situación solicitando la nulidad del fallo, argumentando que Camargo no notificó su relación pasada a los otros magistrados.
La sanción de la SIC, emitida el 15 de octubre de 2025 y que superó los 7.000 millones de pesos según cifras oficiales, aunque otras fuentes la elevan por encima de los 8.000 millones, involucró a 17 clubes profesionales como Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado FC y Atlético FC, además de la Dimayor y 20 dirigentes. La investigación se originó en noviembre de 2021 por una denuncia de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que señaló mecanismos para limitar la negociación libre de contratos de jugadores en las modalidades masculina y femenina. La tutela interpuesta por la Dimayor alegó que la SIC negó su requerimiento de una prueba pericial, lo que llevó a la Corte a ordenar a la superintendente Cielo Rusinque que se pronunciara al respecto, devolviendo el caso a la etapa probatoria.
Denuncias por conflicto de intereses en la judicatura y el fútbol
Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, cuestionó la imparcialidad de varios altos tribunales al afirmar que sus miembros participan en los órganos de la Federación Colombiana de Fútbol, incluyendo la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Esta práctica se asemeja a un caso previo de la SIC contra la Federación por reventa de boletería en las eliminatorias a Rusia 2018, donde se sancionó a Ramón Jesurún, presidente de la FCF, y a Álvaro González Alzate, presidente de Difútbol. La SIC rechazó el requerimiento de la Dimayor y decidió continuar el proceso sancionatorio, pero ahora enfrenta el riesgo de caducidad de sus facultades, lo que podría dejar el caso en impunidad.
«Participan miembros de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, en los tribunales de la Federación Colombiana de Fútbol y de sus comisiones. Y evidentemente nosotros consideramos que ahí se generan conflictos de interés»
Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro
Cielo Rusinque, superintendente de la SIC, expresó su preocupación por el impacto de la decisión judicial.
«Al invalidar nuestras actuaciones, se pone en riesgo la posibilidad de que caduquen las facultades de la entidad, dejando este caso en un escenario de total impunidad»
Cielo Rusinque, superintendente de la SIC
Este episodio pone en jaque la regulación de la libre competencia en el fútbol colombiano, donde la colusión habría permitido a la Dimayor y los clubes controlar artificialmente las transferencias de jugadores, afectando derechos laborales y el desarrollo del deporte. La controversia resalta la necesidad de mayor transparencia en las vinculaciones entre la judicatura y las entidades deportivas.
