La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Francisco Farfán, abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara por la circunscripción afro, Óscar Benavides, por presuntas irregularidades en la recolección de donaciones para los afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2023. La investigación, que se inició tras una denuncia recibida a mediados de agosto, busca esclarecer posibles delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública, luego de que el congresista utilizara cuentas bancarias personales para recibir los aportes solidarios.
La denuncia, que consta de 21 páginas, señala que Benavides publicó en sus redes sociales datos de cuentas bancarias y mecanismos para recibir aportes económicos y donaciones en especie para los damnificados del departamento del Chocó. Entre los datos divulgados se encontraban los números de cuenta de Bancolombia (05366746244), Davivienda (017670245939) y Nequi (3233247201), además de puntos de acopio establecidos en Bogotá, en la Calle 127 C #49-05, y en Cali, en la Calle 42 #84A-48, Ciudadela Comfandi-Caney. El congresista informó haber recibido «más de sesenta millones de pesos», una cifra que ahora es objeto de escrutinio por parte de la Sala Especial de Instrucción.
La versión del congresista y la denuncia pública
En medio de la controversia, Óscar Benavides ha defendido su gestión y asegurado que los recursos fueron administrados de manera transparente. «Gracias a su solidaridad, a esta hora ya hemos recibido más de sesenta millones de pesos y ya están empezando a llegar en nuestro centro de acopio todo el material, todo el mercado, todo lo que ustedes están donando», declaró el representante en su momento, añadiendo que «este será un camino de transparencia donde ustedes se van a dar cuenta el destino final que van a tener todas estas ayudas. Yo mismo me encargaré junto a mi equipo de trabajo, de llegar hasta el departamento del Chocó y entregarle las ayudas a quien lo necesita». Sin embargo, la indagación se conoce tras la denuncia pública del exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien advirtió que «solicita y recibe dinero del público de manera masiva y habitual, sin autorización, podría incurrir en el delito de captación masiva y habitual de dineros».
Frente a las críticas, Benavides respondió con firmeza: «Veo a muchos opositores a nuestra causa, como el exfiscal Francisco Barbosa, preocupados, buscándome la caída. A ellos quiero decirles que se quedarán con las ganas». El congresista también buscó desmarcarse de cualquier irregularidad al afirmar que «las donaciones que los colombianos y personas en el exterior nos han confiado NO son una colecta personal. Todo lo está gestionando una fundación, todo se está registrando, todo se está mostrando y se mostrará públicamente, y yo mismo iré a verificar que cada cosa se entregue a los damnificados». Pese a estas declaraciones, la Sala Especial de Instrucción busca determinar cuánto dinero fue recibido, cómo se recolectó y su destinación final.
Lo que sigue en la investigación
La apertura de esta indagación previa no determina responsabilidad penal, sino que busca establecer si hay mérito para una investigación formal. Como parte de las actuaciones, el magistrado Francisco Farfán ha citado al congresista a una versión libre, en la que se espera esclarezca el origen de la iniciativa, los mecanismos de recepción y la administración de los fondos. Por ahora, la Sala Especial de Instrucción continuará recopilando pruebas para determinar si las acciones de Benavides constituyen una posible captación masiva y habitual de dineros sin la debida autorización o una usurpación de funciones públicas, mientras el representante asegura que todo se ha manejado con total transparencia a través de una fundación.
