La Corte Suprema de Justicia ordenó este lunes 19 de octubre la captura inmediata a nivel nacional del exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego, luego de dejar en firme la condena de seis años de prisión que le fue impuesta por el delito de concusión, en el marco del escándalo conocido como el cartel de la toga. La decisión, adoptada por la Sala Penal el miércoles 14 de octubre, mantuvo también el pago de una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante cinco años. Una vez la orden de captura se haga efectiva, el procesado quedará a disposición del Juzgado Sexto Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, que dispondrá lo necesario para el cumplimiento de la sentencia en un establecimiento carcelario del país.
El alto tribunal rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del exmagistrado, lo que dejó en firme el fallo que lo declaró responsable de exigir dinero a cambio de influir en los procesos judiciales que se adelantaban contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. La investigación estableció que Tarquino hizo la exigencia económica invocando su poder como magistrado, conducta que configuró el delito de concusión, aunque el dinero nunca llegó a entregarse.
Una exigencia que creció hasta los 20.000 millones
Los hechos por los cuales fue condenado Tarquino se remontan a septiembre y octubre de 2014, cuando sostuvo reuniones con Alejandro Lyons, entonces gobernador de Córdoba, quien era investigado por el denominado cartel de la hemofilia e irregularidades contractuales. Según quedó probado en el proceso, el exmagistrado le exigió dinero a Lyons para obtener información y contactos con funcionarios que pudieran detener o favorecer las investigaciones en su contra. En un primer momento, Tarquino habría pedido 60 millones de pesos para averiguar sobre los expedientes; después elevó la exigencia a 20.000 millones de pesos para garantizar un resultado favorable, e incluso mencionó que podía gestionar la intervención del entonces magistrado José Leonidas Bustos. Lyons rechazó el pago final, y el delito de concusión se configuró por la exigencia económica hecha bajo invocación del poder público, aunque el dinero no fue entregado. El desfalco que se le investigaba al exgobernador ascendía a 87.000 millones de pesos.
La Corte advierte sobre la credibilidad del sistema judicial
Al anunciar su decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema fue enfática en señalar que hechos como este comprometen la credibilidad del poder judicial y alimentan la percepción de que los resultados judiciales pueden negociarse. En el fallo, la corporación ordenó de manera textual:
«Se dispondrá que, por la Secretaria de la Sala, se expida orden de captura en contra de CAMILO HUMBERTO TARQUINO GALLEGO (…) Una vez la orden de captura se haga efectiva, déjese al procesado a disposición del Juzgado Sexto Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, que dispondrá de lo necesario para el cumplimiento de la sentencia.»
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal
La condena contra Tarquino Gallego fue dictada en primera instancia en mayo de 2023 y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en abril de 2025. Con la decisión de la Corte Suprema, que rechazó la casación, el proceso judicial queda cerrado y el exmagistrado deberá cumplir la pena en prisión. Este caso se suma a las múltiples investigaciones derivadas del denominado cartel de la toga, el escándalo que destapó presuntas redes de corrupción al interior de la justicia colombiana, y en el que también se ha visto involucrado Alejandro Lyons, quien fue investigado por un desfalco de hasta 87.000 millones de pesos en Córdoba.
