La Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado con el objetivo de obtener los contratos que la ex trabajadora sexual Deicy Jiménez tuvo durante su paso por el Congreso. La medida fue dispuesta por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien busca avanzar en las verificaciones del proceso relacionado con los vínculos contractuales de Jiménez y su denuncia contra el expresidente Gustavo Petro por presuntos contratos a cambio de favores sexuales.
Jiménez, quien se desempeñó como contratista en el Legislativo, denunció al entonces candidato presidencial por presuntamente otorgar contratos a cambio de favores sexuales. La inspección judicial, que se realizará directamente en la Secretaría del Senado, tiene como fin recaudar documentos que permitan esclarecer los hechos y avanzar en la investigación que adelanta la Corte Suprema.
