En una decisión que pone fin a años de litigio, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 19 años y 11 meses de prisión contra Carlos Salvador Albornoz Guerrero, exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por su responsabilidad en un escandaloso caso de corrupción relacionado con la venta irregular de un predio incautado al narcotráfico. La Sala de Casación Penal del alto tribunal desestimó la impugnación especial presentada por la defensa, confirmando así la sentencia dictada en 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá, que lo halló culpable de los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y obtención de documento público falso.
La investigación de la Fiscalía reveló que Albornoz Guerrero intervino directamente en la operación que permitió transferir la finca ‘Jesús del Río’, ubicada en Zambrano, Bolívar, a la sociedad Capital & Business S.A. en calidad de «dación en pago» por un valor de 2.372 millones de pesos. Sin embargo, un peritaje posterior estableció que el valor comercial del predio superaba los 4.400 millones de pesos. La operación se sustentó en un avalúo cuya existencia jamás fue acreditada, y el exfuncionario consignó información falsa sobre el valor real del bien, lo que impidió que el Estado recibiera los recursos destinados a la reparación de víctimas y generó un beneficio económico para terceros, incluido un allegado al entonces titular de la DNE.
Un fortín de corrupción
El caso de Albornoz es solo una pieza del engranaje de descomposición que rodeó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, una entidad que durante años manejó cerca de 70.000 bienes incautados al narcotráfico y otras organizaciones criminales, pero que nunca tuvo un balance claro sobre su gestión. En 2013, un escándalo de corrupción reveló que varios de estos bienes habían desaparecido del registro oficial y que otros se estaban entregando de manera irregular. La situación llevó al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos a liquidar la entidad en 2014, una decisión que evidenció cómo estos activos se habían convertido en un fortín político y de intereses particulares.
El fallo de la Corte Suprema subraya que Albornoz Guerrero ejerció un «dominio del hecho desde cuando asumió consignar información falsa respecto del valor del bien, hasta que se consolidaron los registros de la dación en pago y la subsiguiente tradición de este a una tercera sociedad, en perjuicio del erario y en provecho propio y de terceros». El predio era administrado por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), organismo que dependía de la DNE y que debía garantizar que los bienes incautados se destinaran a la reparación de víctimas y al fortalecimiento de la seguridad.
«Dominio del hecho desde cuando asumió consignar información falsa respecto del valor del bien, hasta que se consolidaron los registros de la dación en pago y la subsiguiente tradición de este a una tercera sociedad, en perjuicio del erario y en provecho propio y de terceros»
Fallo de la Corte Suprema de Justicia
La defensa del exfuncionario, encabezada por la abogada Mildred Hartman, alegó durante el proceso que el avalúo sí existió y cuestionó la validez del peritaje presentado por la Fiscalía, llegando incluso a solicitar la exclusión de dicha prueba. Sin embargo, los magistrados de la Sala de Casación Penal desestimaron todos sus argumentos, considerando que la evidencia era contundente. La ratificación de la condena contra Albornoz Guerrero se suma a otras investigaciones que la Corte Suprema adelanta contra 13 congresistas por presuntamente maniobrar para que allegados se quedaran con la administración de propiedades incautadas, lo que evidencia la magnitud de una red de corrupción que aún hoy, años después de liquidada la DNE, sigue siendo objeto de procesos judiciales.
