En un evento organizado por la Corte Suprema de Justicia en el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, junto a la fiscal general Luz Adriana Camargo, la defensora del Pueblo Iris Marín, el procurador general Gregorio Eljach y la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, rechazaron de manera contundente la propuesta de aumentar las penas para adolescentes infractores en delitos graves, como homicidio y violencia sexual. En su lugar, promovieron un modelo de justicia restaurativa que priorice la prevención y la reconstrucción de proyectos de vida para estos jóvenes, en medio del debate nacional desatado por el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay.
Las actuales penas para menores en delitos graves alcanzan hasta ocho años de privación de la libertad dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que reporta cerca de 200 ingresos anuales por homicidio y una tasa de reincidencia del 20% según su informe de 2022. Más de 400 jóvenes se encuentran bajo protección del Icbf en el sistema penal, mientras que la Defensoría del Pueblo registra 463 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en 2025, principalmente en departamentos como Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia y Huila, impulsados por factores de vulnerabilidad como pobreza, violencia intrafamiliar, exclusión social, consumo de drogas y acciones de grupos armados y bandas criminales.
Justicia restaurativa como alternativa al populismo punitivo
Durante el debate sobre la eficacia de las penas actuales, los ponentes enfatizaron que endurecer las sanciones no reduce la criminalidad y podría agravar problemas como rupturas familiares, estigmatización social y el paso prematuro al sistema penal de adultos. En este contexto, dos proyectos de ley tramitan en el Congreso para 2026: uno busca equiparar las penas de menores a las de adultos en homicidio y violencia sexual, mientras que el del Ministerio de Justicia defiende el modelo restaurativo con el encierro como última opción, centrado en la prevención para bajar la reincidencia.
“las penas altas, lo que llamamos populismo punitivo, dan cuenta de que no logran evitar que un delincuente cometa una acción criminal”
Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema
“Puede ser más efectivo imponer una pena mayor, pero que efectivamente se cumpla. Y, en el caso de los menores de edad, estamos hablando de que puedan entrar a estos lugares donde cumplen su detención y adelantar un proceso completamente restaurativo”
Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema
La defensora del Pueblo, Iris Marín, subrayó la necesidad de intervenir las condiciones que generan el delito, más allá de reaccionar al hecho consumado, mientras que la exministra Buitrago abogó por enseñar a los adolescentes a gestionar su responsabilidad y restaurar a las víctimas.
“La prevención y la justicia restaurativa ayudan a que ese menor de edad obtenga la atención del Estado para construir un proyecto de vida”
Iris Marín, defensora del Pueblo
“Más que castigar, lo que se busca es enseñarles a gestionar su responsabilidad y restaurar a la víctima. Se trata de que aprendan a asumir las consecuencias de sus propias acciones”
Ángela María Buitrago, exministra de Justicia
“la justicia juvenil será eficaz cuando entienda que no basta con reaccionar frente al delito consumado, sino que resulta indispensable intervenir las condiciones que lo hicieron posible”
Iris Marín, defensora del Pueblo
El procurador general Gregorio Eljach hizo un llamado urgente a excluir a los niños y adolescentes de los conflictos armados, dirigiéndose directamente a reclutadores y delincuentes. Este posicionamiento colectivo busca reorientar el enfoque del SRPA hacia la protección integral y la restauración social, en un momento clave para la legislación colombiana.
“Dejen a los niños fuera del conflicto, dejen a los adolescentes fuera de la guerra. Señores reclutadores, señores delincuentes”
Gregorio Eljach, procurador general
