La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) confirmó una multa histórica de 2.733 millones de pesos contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, conocido como Coltel y operador de la marca Movistar, por no haber entregado a tiempo la información requerida para un estudio regulatorio sobre plataformas digitales. La sanción, equivalente a 1.920,45 salarios mínimos mensuales legales vigentes de 2025, fue ratificada tras resolver el recurso de reposición presentado por la empresa, sin que se encontraran razones para modificar la decisión inicial contenida en la resolución CRC 8166 de 2026.
El origen del proceso se remonta a una solicitud de información que la CRC realizó a Coltel como parte de un estudio sobre el impacto de las plataformas digitales y los servicios OTT, como Netflix, YouTube y WhatsApp. El regulador pidió los contratos y anexos de acuerdos que Movistar tenía con proveedores de redes de distribución de contenido, entre ellos Google, Meta, Netflix y Akamai. Aunque la empresa entregó parte de la información, los contratos completos fueron remitidos después de que el estudio ya había sido publicado, lo que para la CRC constituyó una conducta «materialmente antijurídica», pues la compañía actuó con pleno conocimiento de su obligación legal.
Una obligación legal incumplida
La CRC determinó que Coltel incumplió la obligación de entregar información amplia, exacta, veraz y oportuna, que está sustentada en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019. La empresa argumentó que cláusulas de confidencialidad con sus proveedores le impedían compartir los documentos, pero el regulador consideró que esto no la eximía de su deber frente al Estado.
«La regulación no puede hacerse a oscuras, ni el Estado puede supervisar un sector estratégico con información incompleta, tardía o fragmentada. La entrega de información amplia, exacta, veraz y oportuna no es una cortesía del regulado ni un trámite menor, es una obligación legal y una condición mínima de responsabilidad frente al país».
Felipe Díaz Suaza, comisionado y director ejecutivo de la CRC
El director ejecutivo de la CRC, Felipe Díaz Suaza, subrayó que cuando un operador incumple ese deber, no solo desatiende un requerimiento administrativo, sino que afecta la capacidad del regulador para leer el mercado, anticipar riesgos, corregir fallas, proteger a los usuarios y adoptar decisiones públicas con fundamento. «La CRC ejercerá sus competencias con firmeza. En un sector que vive de la confianza, la información no se esconde, se entrega», enfatizó Díaz Suaza.
La entidad advirtió que la falta de información debilita la capacidad del Estado para supervisar mercados, identificar riesgos, evaluar competencia y proteger usuarios. Los datos estructurados, señaló la CRC, permiten detectar asimetrías operativas entre los agentes del ecosistema digital, y su ausencia impide una regulación efectiva. Con esta sanción, el regulador de comunicaciones reafirma su postura de que la transparencia y la colaboración de los operadores son indispensables para la toma de decisiones públicas en un sector estratégico para el país.
