La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra cuatro dragoneantes del Inpec, identificados como Germán David Uribe Cartagena, Yhojan Estiben López Ángel, Adrián Leonardo Parra Martínez y Jhorman Andrés Palomino Ricardo, quienes fueron capturados por presuntamente suministrar alcohol, sustancias psicoactivas y un celular prohibido a una reclusa de la cárcel El Pedregal en Medellín, con el fin de dejarla incapacitada y abusar sexualmente de ella en reiteradas ocasiones. Esta medida se anunció tres días después de su captura, en el contexto de la Unidad de Tratamiento Especial de ese centro penitenciario, donde los funcionarios aprovechaban sus roles de custodia y traslados para cometer los abusos.
La pesquisa busca verificar la ocurrencia de estas conductas, determinar posibles faltas disciplinarias y evaluar causales de exclusión de responsabilidad, en paralelo a la investigación penal que adelanta la Fiscalía. Según los detalles revelados, Germán David Uribe Cartagena habría participado durante 16 meses, entre 2024 y 2026, ingresando sustancias y alcohol, mientras que Yhojan Estiben López Ángel incurrió en abusos en más de 30 oportunidades, particularmente durante traslados a salas de audiencias. Por su parte, Adrián Leonardo Parra Martínez suministró drogas y el celular prohibido, y Jhorman Andrés Palomino Ricardo cometió vejaciones como custodio en la misma unidad.
Preocupación por abusos en cárceles
Este caso genera profunda preocupación por los abusos y la violencia sexual al interior de las cárceles colombianas, especialmente en áreas de aislamiento como la Unidad de Tratamiento Especial, donde las mujeres privadas de la libertad enfrentan vulnerabilidades en materia de seguridad y protección. Los procesos disciplinarios y penales avanzan de manera simultánea, destacando fallas sistémicas en la vigilancia y el control de los funcionarios penitenciarios.
La información proviene de la Revista Semana, que pone en el centro del debate nacional las condiciones de las reclusas y la necesidad de fortalecer medidas preventivas contra este tipo de delitos, en un entorno donde la confianza en el sistema carcelario se ve gravemente afectada.
