La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro hombres señalados de drogar y abusar sexualmente a niñas indígenas jiw de entre 12 y 15 años en el municipio de Puerto Concordia, Meta. Se trata de Leonalgel Benavides Beltrán, Celino Vargas Torres, Víctor Manuel Vargas Silva y Jhon Nilson Acosta Mejía, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Los hechos investigados ocurrieron entre 2019 y 2026, y las capturas se realizaron tras allanamientos del CTI con apoyo de la Policía Nacional en varios inmuebles de Puerto Concordia.
Según la investigación, las víctimas eran inducidas a inhalar pegante que les era entregado en botellas, y en algunos casos los procesados les daban alimentos y alojamiento antes de cometer las agresiones. Los hechos se habrían presentado en los resguardos indígenas Caño La Sal y Luna Roja, pertenecientes a la comunidad jiw, que ha enfrentado afectaciones asociadas al conflicto armado, desplazamiento y barreras para acceder a las instituciones del Estado. Las menores vivían en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, situación que los procesados habrían aprovechado para actuar bajo un presunto patrón dirigido contra niñas de esos resguardos.
Víctimas documentadas y protección de menores
A la fecha se han documentado cuatro víctimas, todas menores de edad pertenecientes a la comunidad jiw. Durante los allanamientos, las autoridades hallaron a dos menores que fueron puestas bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los cuatro procesados no aceptaron los cargos imputados en las audiencias preliminares, y la Fiscalía mantiene abiertas labores de verificación para identificar otras posibles víctimas y ampliar las pruebas en su contra.
«A la fecha se han documentado cuatro víctimas que fueron inducidas a inhalar pegante que les era entregado en botellas»
Deicy Jaramillo Rivera, fiscal delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía
La investigación, a cargo de la fiscal delegada para la Seguridad Territorial Deicy Jaramillo Rivera, evalúa si el patrón de captación incluyó a otras personas involucradas. El expediente penal toma en cuenta los antecedentes de desplazamiento y las barreras territoriales que enfrenta la comunidad jiw en Puerto Concordia. La Fiscalía busca establecer si hay más víctimas y definir la responsabilidad penal de los investigados, en un caso que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad extrema de las niñas indígenas en esa región del Meta.
