Un billón de pesos está en el centro de una controversia judicial que amenaza con frenar la licitación más importante del año para la Policía Nacional. Cuatro acciones de tutela, presentadas por igual número de empresas interesadas en el proceso de compra de camionetas 4×4, cuestionan los pliegos de condiciones por presuntas restricciones a la competencia y un posible direccionamiento hacia determinados proveedores. Los demandantes, entre los que figuran Alfa AM SAS, Carrocerías Innova SAS y Miaga SAS, han logrado que los jueces, si bien no suspendieron el proceso de manera cautelar, sí ordenaron un análisis profundo de sus argumentos y solicitaron la participación de varias entidades de control para que se pronuncien.
El proceso, identificado con el código CCENEG-092-01-2026, es adelantado por la Policía Nacional a través de un acuerdo marco con Colombia Compra Eficiente. El objetivo es adquirir una flota de vehículos 4×4 modelo 2026, destinados al transporte de personal en servicio, el traslado de capturados y el apoyo a actividades operativas, funciones que lo catalogan como un proceso relacionado con la seguridad nacional. El plazo para que los interesados presenten sus ofertas vence a la medianoche del viernes 12 de junio, lo que añade urgencia a las reclamaciones de los tutelantes.
Exigencias que limitan la competencia
El principal punto de discordia radica en un requisito específico del pliego: se exige que la marca del chasis ofertado tenga una antigüedad mínima de 25 años en el mercado colombiano. Las empresas demandantes consideran que esta condición es arbitraria y podría excluir a fabricantes más recientes que, pese a contar con la capacidad técnica y la calidad requerida, no cumplen con ese historial de presencia local. A esta exigencia se suma la de garantizar un servicio de cobertura de mantenimiento en al menos 32 ciudades del país, una condición logística que, según los quejosos, también estrecha el cerco de posibles oferentes.
Frente a las denuncias, la Policía Nacional ha manifestado que revisará las observaciones formuladas por los oferentes y ha reiterado su compromiso con la transparencia en el desarrollo de la contratación. Sin embargo, el malestar en el sector es evidente, y las acciones legales ya han puesto en alerta a los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia han sido convocadas a evaluar las denuncias, mientras que la Procuraduría, en particular, recibió una solicitud de vigilancia especial por presuntas irregularidades y un posible direccionamiento del multimillonario contrato.
«La Policía aseguró que revisará las observaciones formuladas por los oferentes y reiteró su compromiso con la transparencia».
Comunicado oficial de la Policía Nacional
Mientras los jueces estudian las reclamaciones y los organismos de control evalúan las denuncias, la licitación avanza en un ambiente de incertidumbre. El resultado de esta puja judicial no solo definirá el futuro de la adquisición de casi un billón de pesos, sino que sentará un precedente sobre los límites de las exigencias técnicas en los procesos de contratación estatal y la garantía de una competencia real y equitativa en el mercado colombiano.
