En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado este 30 de agosto desde que la ONU lo estableciera en 2011, la defensora del Pueblo, Iris Marín, encendió las alarmas sobre la grave situación que persiste en Colombia. A través de sus redes sociales y declaraciones institucionales, la funcionaria advirtió que el flagelo sigue cobrando fuerza, dejando a miles de familias sumidas en la incertidumbre y el dolor, sin respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. “Miles de familias llevan años preguntándose dónde están sus seres queridos desaparecidos y qué les pasó”, afirmó Marín, quien hizo un llamado a honrar la incansable labor de las mujeres buscadoras, verdaderas protagonistas en la lucha por la verdad y la memoria.
Las cifras que respaldan esta alerta son contundentes y reflejan la magnitud de una crisis humanitaria que no cesa. Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), el universo de personas desaparecidas en el país asciende a 137.000, mientras que el Registro Único de Víctimas (RUV) reporta 211.310 víctimas de desaparición forzada hasta el 31 de julio de 2025. La Defensoría del Pueblo, por su parte, atendió 2.145 casos de desaparición forzada entre enero y agosto de 2026, una cifra que contrasta con los 3.205 casos registrados en total durante 2025, según el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional (Siijt). En el primer semestre de 2025, además, se recibieron 244 declaraciones por desaparición forzada relacionadas directamente con el conflicto armado.
Mujeres al frente de la búsqueda
Uno de los datos más reveladores es el rol protagónico de las mujeres en la búsqueda de sus familiares. Más del 63% de las personas buscadoras son mujeres, y en total la Ubpd tiene registradas a 51.716 personas dedicadas a esta labor. Hasta la fecha, 54.076 familiares o allegados han acudido a la Unidad en busca de respuestas. La Defensoría también reportó que, durante 2025, orientó a 2.183 personas, de las cuales el 65,9% eran mujeres; en el periodo de enero a agosto de 2026, ese porcentaje subió al 68,9%. En sus declaraciones, Iris Marín subrayó la importancia de reconocer su esfuerzo y su derecho a obtener respuestas. “En este día reconocemos su búsqueda incansable y su derecho a obtener respuestas”, manifestó, agregando que “cada una tiene un nombre, una historia de vida y vínculos que permanecen”, en referencia a las víctimas.
«Miles de familias llevan años preguntándose dónde están sus seres queridos desaparecidos y qué les pasó»
Iris Marín, defensora del Pueblo
Un fenómeno ligado al conflicto y con nuevos riesgos
La desaparición forzada en Colombia está profundamente vinculada al conflicto armado interno, y las familias de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom viven esta búsqueda de manera diferenciada, requiriendo una protección reforzada. La Defensoría recordó que la búsqueda de personas desaparecidas es un derecho autónomo de las víctimas y sus familias, y una obligación del Estado, independiente de cualquier proceso penal. Además, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría ha detectado escenarios de riesgo en zonas como el Darién, Norte de Santander y San Andrés, asociados a economías ilícitas, reclutamiento, trata de personas y rutas migratorias. A esto se suma la preocupante cifra de 58 firmantes del Acuerdo de Paz reportados como desaparecidos desde la firma del acuerdo en noviembre de 2016, según un informe del Secretario General de la ONU.
En un gesto de solidaridad con las familias afectadas, la Defensoría, junto con la Ubpd, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio del Interior y más de 15 organizaciones, pidió proteger los cementerios afectados por el sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. En esos camposantos reposan cuerpos de personas desaparecidas, particularmente en los municipios de Roldanillo y Siloé en el Valle del Cauca, Sonsón y Caramanta en Antioquia, y San Camilo en Risaralda. Asimismo, la Defensoría recordó que cualquier persona puede solicitar el Mecanismo de Búsqueda Urgente ante cualquier autoridad judicial, sin necesidad de abogado y sin esperar 72 horas, una herramienta vital para las familias que continúan su incansable búsqueda de verdad y justicia.
