El Ministerio de Transporte de Colombia anunció la suspensión temporal de la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), un esquema que pretendía separar la enseñanza de la evaluación para la obtención de licencias de conducción. La decisión, comunicada por la ministra Elsa Noguera, responde a las crecientes preocupaciones ciudadanas y del sector sobre el impacto económico que este modelo podría generar en los bolsillos de los ciudadanos, así como a los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso de selección del operador único, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). La ministra Noguera fue enfática al señalar que, si bien el objetivo es tener mejores conductores y reducir las muertes en las vías, no se trasladarán nuevos costos a la población sin un análisis objetivo que demuestre su necesidad y efectividad.
La Ley 2251 de 2022, conocida como Ley Julián Esteban y promovida por la entonces senadora Ana María Castañeda Gómez, ordenó la separación de la formación impartida por las escuelas de conducción (CEA) de la evaluación de los aspirantes. La idea central era eliminar conflictos de interés y reducir los fraudes en la expedición de licencias. Bajo este mandato legal, la Unad fue seleccionada como el único operador para gestionar los Cale a nivel nacional, un proceso que ya había generado controversia y recursos legales por parte de otras universidades públicas. El modelo contemplaba evaluaciones teóricas y prácticas estandarizadas con tecnología biométrica para garantizar la identidad y la trazabilidad de los resultados.
Costos en el centro del debate
Uno de los principales motivos de la suspensión radica en el significativo incremento de costos que representaba la entrada en operación de los Cale. Actualmente, obtener una licencia de conducción tiene un costo cercano a los 1,4 millones de pesos. Con el nuevo modelo de evaluación independiente, el valor proyectado superaba los 2,2 millones de pesos, lo que significaba un aumento adicional de hasta 800.000 pesos para los ciudadanos. A esto se suma el enorme valor estimado del contrato de los Cale, que ascendía a 20 billones de pesos durante los próximos 20 años, una cifra que despertó aún más suspicacias sobre la viabilidad financiera del proyecto.
La ministra Noguera explicó que durante el periodo de suspensión se revisarán a fondo los costos, la legalidad del proceso de selección de la Unad y la capacidad operativa del esquema. Mientras dure esta revisión, las escuelas de conducción seguirán encargándose tanto de la enseñanza como de la evaluación de los conductores, bajo la supervisión de la autoridad de tránsito. La ley seguirá vigente, pero su implementación queda en pausa hasta que el Ministerio pueda determinar si los costos adicionales están justificados y realmente contribuirán a mejorar la seguridad vial, un objetivo que el propio ministerio reconoce como prioritario.
«Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo».
Elsa Noguera, ministra de Transporte
Con esta suspensión, el Gobierno busca dar un respiro a los ciudadanos y a los sectores involucrados mientras se realiza una revisión integral del modelo. La ministra Noguera subrayó que toda decisión final respetará el debido proceso y la seguridad jurídica, dejando abierta la posibilidad de que el modelo Cale se implemente en el futuro, pero solo si se demuestra que los beneficios para la seguridad vial y la reducción de accidentes justifican el incremento en los costos para los conductores colombianos.
