La Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades del departamento del Atlántico para que adopten medidas inmediatas y efectivas que permitan frenar la escalada de violencia contra las mujeres. La exigencia, dirigida a la Gobernación del Atlántico, las alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo, Baranoa y Sabanagrande, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se sustenta en los alarmantes reportes de organizaciones sociales y autoridades locales que indican que durante 2026 se han registrado más de 75 asesinatos de mujeres en el departamento. El organismo de derechos humanos solicita además el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos en el Consejo de Seguridad con Enfoque de Género celebrado el pasado 11 de noviembre, en el que se acordaron acciones para fortalecer la prevención y la atención a las víctimas.
Las cifras de desapariciones agravan aún más el panorama. De acuerdo con los reportes a corte de agosto de 2026, en el Atlántico se contabilizan 154 personas desaparecidas, de las cuales 82 son mujeres, lo que representa el 53,2 por ciento del total. De estas, 60 son niñas y adolescentes, y 45 se encuentran en el rango de edad entre los 12 y los 17 años. Estos datos cobran mayor relevancia tras los múltiples homicidios de mujeres y menores ocurridos durante noviembre, como el de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, en el municipio de Malambo; el de Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija de 14 años, en Soledad; así como los casos de Kelly Johana Villa Gómez, Shirley Patricia Payares Díaz y Estefany Paola Barraza de la Hoz, en distintos puntos del departamento.
Llamado urgente a la acción
La Defensoría del Pueblo advirtió que el aumento de estos hechos evidencia fallas estructurales en la prevención y exige a las instituciones reforzar las rutas de atención, realizar una valoración de riesgos oportuna, activar búsquedas urgentes y adelantar investigaciones con perspectiva de género. El organismo también alertó que algunas de estas violencias podrían estar vinculadas a la acción de estructuras criminales, disputas territoriales, extorsiones y ataques sicariales, por lo que solicitó a la Fiscalía acelerar los procesos de investigación para esclarecer posibles conexiones con grupos armados ilegales. Como parte de las acciones propuestas, se planteó la convocatoria de una mesa interinstitucional que incluya a organizaciones de mujeres, colectivos feministas y defensoras de derechos humanos, con el fin de articular una respuesta integral.
«Toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género y debida diligencia»
Defensoría del Pueblo
El llamado de la Defensoría se produce en medio de la incertidumbre generada por el traslado de funciones del antiguo Viceministerio de las Mujeres al Ministerio del Interior, una decisión que ha encendido las alarmas entre las organizaciones de la sociedad civil por la posible pérdida de capacidad institucional y presupuestal para atender la prevención de la violencia de género. Ante este escenario, el organismo insiste en que se deben reforzar los recursos destinados a la protección de las mujeres y las niñas, advirtiendo que el riesgo latente en el departamento del Atlántico exige una respuesta urgente y coordinada de todas las autoridades.








