En el marco del Congreso Internacional “10 años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad”, la defensora del Pueblo, Iris Marín, elevó un contundente llamado público al presidente electo Abelardo de la Espriella para que garantice la continuidad de la implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016. La advertencia surge días después de que el mandatario electo anunciara una reestructuración gubernamental que implica la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del Alto Comisionado para la Paz, cuyas funciones serían transferidas al Comisionado Nacional de Seguridad.
Marín recordó que el próximo 7 de agosto, fecha de la posesión de De la Espriella, marca el inicio del tercer periodo presidencial desde la firma del acuerdo. Este periodo, según la defensora, está cobijado por el Acto Legislativo 02 de 2017, una norma que incorporó el acuerdo al bloque de constitucionalidad y que obliga a todas las autoridades del Estado a actuar de buena fe en su implementación. «Tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final y, en consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado deberán coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final», declaró Marín, subrayando que el nuevo gobierno tiene una responsabilidad constitucional ineludible.
Los anuncios del presidente electo
Las declaraciones de la defensora se producen en un contexto de incertidumbre generado por los anuncios de Abelardo de la Espriella, quien ha prometido un giro radical en la política de paz. En sus primeras declaraciones tras la victoria electoral, el presidente electo afirmó que «no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno» y que su objetivo será «la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento». En esa línea, ha criticado abiertamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ha encomendado al futuro Comisionado para la Seguridad, al ministro de Justicia designado, Iván Cancino, y al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, la tarea de «desmontar toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz».
Frente a estas declaraciones, Iris Marín adoptó un tono de advertencia mesurada pero firme. “Frente a los anuncios de reorganización reconocemos la facultad que tiene el Gobierno de reorganizar el equipo y la institucionalidad de acuerdo con su criterio. Pero ojo, no hay tiempo que perder. Los ajustes institucionales deben orientarse a agilizar, a generar más impacto y a no retroceder por dudas sobre si es mejor ir por un camino o por otro”, señaló la defensora, quien insistió en que la implementación del acuerdo debe continuar «sin traumatismos».
La urgencia en el territorio
La defensora del Pueblo hizo especial énfasis en la situación de las comunidades que más dependen de la implementación del acuerdo. “La implementación debe continuar sin traumatismos y un buen gobierno debe disponer de todo lo necesario para impulsar lo avanzado y corregir lo necesario. La urgencia es para las comunidades, para las víctimas y para los firmantes de paz, que siguen asediados por riesgos y por la desprotección”, afirmó Marín, subrayando que el tiempo de transición institucional no puede postergar las obligaciones adquiridas con los sectores más vulnerables del país. El llamado de la defensora se produce en un momento en que el proceso de paz, a diez años de su firma, enfrenta uno de sus desafíos más complejos, con un nuevo gobierno que, desde su discurso, plantea una profunda reestructuración de la arquitectura institucional construida para el posconflicto.
«El próximo 7 de agosto, con la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, inicia el tercer periodo de gobierno que, en cabeza del nuevo presidente, tiene la obligación constitucional de implementar el acuerdo de paz y seguir avanzando hacia nuestra Constitución de la paz»
Iris Marín, Defensora del Pueblo
