Defensora del Pueblo responde a víctima que la acusó de hipocresía por mesa técnica

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, y la activista y sobreviviente de reclutamiento forzado por las Farc, Deisy Dorelly Guanaro, protagonizaron un tenso intercambio de declaraciones públicas después de que la líder social acusara a la institución de hipocresía por no haber concretado una mesa técnica de prevención que había sido prometida. El rifirrafe se desató tras la divulgación de un informe de la Defensoría que advierte sobre el reclutamiento de menores en Colombia y menciona, entre otros hechos, el reciente bombardeo en El Retorno, Guaviare, donde murieron tres menores.

Dorelly Guanaro, quien fue víctima de reclutamiento forzado por parte de las extintas Farc y hoy trabaja en prevención desde su experiencia personal, publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó la falta de acción institucional. Según la activista, ella misma solicitó una mesa técnica a la Defensoría del Pueblo, le fue prometida y nunca se realizó. “La hipocresía de algunos es evidente. Yo misma solicité una mesa técnica; nos la prometieron y nunca llegó. Hoy se rasgan las vestiduras. Pero ahora todos debemos trabajar para prevenir y, sobre todo, llegar con acciones reales a los territorios. Nosotros lo estamos haciendo. La niñez no necesita discursos: necesita resultados”, expresó la sobreviviente, visiblemente molesta por la publicación del informe institucional.

Las alarmantes cifras del reclutamiento

El informe de la Defensoría del Pueblo revela que la entidad tuvo conocimiento de 1.173 casos de reclutamiento de niños y adolescentes entre 2024 y el 31 de julio de 2026, una cifra que evidencia la gravedad de un fenómeno que sigue golpeando a los territorios más vulnerables del país. El documento también advierte que, según datos de Medicina Legal complementados con información territorial, 73 niñas, niños y adolescentes habrían muerto en operativos militares entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026, y que 31 de esas muertes ocurrieron tan solo en el año 2025. La entidad pidió reactivar la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (Ciprunna) y extremar las precauciones para proteger la vida de los menores en operaciones de la Fuerza Pública.

El informe también señala que la Defensoría tiene información sobre menores reclutados en estructuras de las disidencias de alias Mordisco y alias Calarcá, y registra un aumento de los reclutamientos en Catatumbo, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias del Frente 33. La entidad advirtió además que varios casos de reclutamiento solo se conocen después de la muerte de los menores en combates o en operaciones de la Fuerza Pública, lo que agrava la situación de invisibilidad de este delito y dificulta la prevención.

“Hipocresía es una calificación muy fuerte que no se compadece con nuestro trabajo, reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes”

Iris Marín, defensora del Pueblo

En su respuesta pública, la defensora Iris Marín rechazó el calificativo de hipocresía y defendió la labor de la institución, al tiempo que invitó a Dorelly Guanaro y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a abrir un diálogo. “El país necesita la unión de las instituciones y la sociedad para enfrentar este crimen”, afirmó Marín, quien insistió en que la Defensoría está dispuesta a construir espacios de trabajo conjunto. La activista, por su parte, aceptó el llamado a la unidad y respondió: “Aquí estoy, con toda la disposición de construir y trabajar en unidad por nuestra niñez”.

Detrás del cruce de declaraciones subyace un reclamo profundo de quienes, como Dorelly Guanaro, padecieron en carne propia el drama del reclutamiento. “Yo sí sé lo que se siente perder la infancia y que la violencia te arrebate tus sueños”, dijo la sobreviviente, quien desde hace años recorre el país advirtiendo sobre el riesgo que corren miles de niños en regiones donde los grupos armados ilegales siguen haciendo de la guerra un negocio. Mientras tanto, la Defensoría insiste en que su informe busca llamar la atención del Estado y la sociedad para que se tomen medidas urgentes.

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