La Defensoría del Pueblo denunció este domingo 23 de agosto de 2025 que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó con drones explosivos y ráfagas de fusiles de largo alcance la estación de Policía del municipio de Norosí, en la subregión sur de Bolívar, mientras niñas, niños y adolescentes se encontraban en plena jornada escolar en la Institución Educativa Académica, Agropecuaria e Industrial de Norosí, situada a tan solo 40 metros del objetivo militar.
El ataque, ocurrido el pasado 19 de agosto, dejó un saldo de ocho miembros de la fuerza pública heridos, de los cuales seis tuvieron que ser evacuados del municipio para recibir atención médica. La cercanía entre la estación de Policía y el centro educativo generó una situación de extremo riesgo para la comunidad estudiantil, que quedó expuesta a los efectos del fuego cruzado y las detonaciones de los artefactos lanzados desde drones.
Defensoría exige respeto al derecho internacional humanitario
El organismo de derechos humanos expresó su profunda preocupación por la exposición de los menores a las hostilidades y señaló que el ataque constituye una violación a los principios básicos del derecho internacional humanitario. A través de un comunicado público, la Defensoría instó al ELN a respetar las normas del DIH, en particular los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, y a adoptar todas las precauciones factibles para evitar o reducir al mínimo las afectaciones a la población civil y los bienes de carácter civil.
«Nos preocupa especialmente que, al momento del ataque, niñas, niños y adolescentes se encontraban en jornada escolar en la Institución Educativa Académica, Agropecuaria e Industrial de Norosí, ubicada aproximadamente a 40 metros de la estación de Policía. La cercanía de las hostilidades los expuso a los efectos del ataque y generó afectaciones emocionales y psicosociales en la población civil», señaló la Defensoría del Pueblo en su denuncia.
Defensoría del Pueblo
La Defensoría también hizo un llamado a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias que protejan a la comunidad educativa de Norosí y generen condiciones que permitan restablecer las clases de manera segura, teniendo en cuenta los riesgos advertidos frente a la cercanía entre la institución educativa y la estación de Policía. Ante la persistencia de las hostilidades, el rector de la institución ya había decidido suspender las clases presenciales para salvaguardar la integridad de estudiantes y docentes.
Alertas tempranas ignoradas y llamado urgente al Gobierno
La Defensoría recordó que ya había advertido sobre el riesgo en la zona mediante la Alerta Temprana 019 de 2023 y la Alerta de inminencia 003 de 2026, que documentaban el uso de drones explosivos en la región y los peligros que esto representaba para la educación. La ATI 003 de 2026, que comprende los municipios de Norosí, Regidor, Río Viejo y Montecristo, ya había registrado afectaciones a personas y bienes civiles por artefactos explosivos lanzados con drones.
Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría solicitó al Ministerio del Interior la convocatoria urgente del Subcomité de Prevención y Protección para el sur de Bolívar y de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, con el fin de articular acciones inmediatas que mitiguen el riesgo para la población civil. De manera paralela, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, pidió al Gobierno nacional y al ministro de Defensa que se adopten acciones concretas para recuperar el control territorial en el sur del departamento, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue amenazando la seguridad de las comunidades.
