La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, solicitó formalmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que aclare el alcance de la decisión de suprimir el uso oficial del término “niña” en su lenguaje institucional para reemplazarlo por “niñez”. La petición fue realizada mediante un oficio dirigido a la directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, luego de que la entidad emitiera lineamientos para promover un “lenguaje institucional claro e incluyente” que eliminó la palabra “niña”, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre una posible invisibilización de las niñas en las políticas públicas. El ICBF, a través de su cuenta oficial en X, respondió que no busca borrar a las niñas del lenguaje ni excluir a esta población, y que atenderá la solicitud conforme a la ley.
La controversia estalló el 20 de agosto de 2026, cuando el ICBF comunicó oficialmente la supresión del término “niña” argumentando que la palabra “niñez” abarca a todos los niños, niñas y adolescentes. La medida provocó un fuerte rechazo de diversos sectores, y la Defensoría del Pueblo intervino al considerar que la decisión podría vulnerar derechos fundamentales. En su oficio, la Defensoría citó jurisprudencia de la Corte Constitucional, incluyendo las sentencias C-804 de 2006, C-001 de 2018, C-552 de 2019, C-154 de 2022 y T-250 de 2024, que señalan que el lenguaje no solo refleja la realidad social sino que también contribuye a construirla, pudiendo ser un factor de inclusión o exclusión. Asimismo, recordó que el artículo 12 de la Ley 1098 de 2006, que establece el Código de la Infancia y la Adolescencia, dispone la incorporación obligatoria de la perspectiva de género en todos los ámbitos donde participen niños, niñas y adolescentes, con el fin de alcanzar la equidad.
Los fundamentos jurídicos de la Defensoría
En el documento enviado al ICBF, la Defensoría del Pueblo subrayó que la claridad y eficiencia en la comunicación institucional son criterios legítimos, pero no suficientes para justificar decisiones que reduzcan la visibilidad de sujetos con protección diferenciada respaldada por la Constitución y la ley. La entidad advirtió que omitir la mención explícita de “niñas” podría dificultar la identificación de formas específicas de violencia y discriminación que las afectan de manera desproporcionada. En sus propias palabras: “La Corte Constitucional ha reconocido de manera reiterada que el lenguaje cumple funciones tanto instrumentales como simbólicas, que refleja y a la vez contribuye a construir realidades sociales y que, por ello, puede constituirse en un factor de inclusión o exclusión”. La Defensoría también indicó que la información solicitada permitirá conocer el alcance real de la orientación, establecer su correspondencia con los lineamientos nacionales del Instituto y valorar, desde una perspectiva de derechos humanos, su compatibilidad con las obligaciones constitucionales, legales e internacionales de garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
“La información solicitada permitirá a la Defensoría del Pueblo conocer el alcance real de la orientación referida, establecer su correspondencia con los lineamientos nacionales del Instituto y valorar, desde una perspectiva de derechos humanos, su compatibilidad con las obligaciones constitucionales, legales e internacionales de garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”
Defensoría del Pueblo, oficio al ICBF
Por su parte, la directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, respondió públicamente en la red social X, donde afirmó: “Responderemos a la solicitud hecha por la Defensoría del Pueblo conforme lo determina la ley. Desde ya reiteramos que el Icbf no pretende borrar a las niñas del lenguaje institucional y mucho menos excluir o vulnerar a esta población”. En un tono crítico, Restrepo Cañavera también cuestionó el debate al plantear: “Me sorprende tanta preocupación porque supuestamente hablar de ‘NIÑEZ’ invisibiliza a las niñas. ¿Y los niños? Ellos sí pueden ser invisibilizados?”. La directora sugirió que el foco debe estar en toda la población infantil y no solo en un segmento, aunque la Defensoría insiste en que la perspectiva de género es un mandato legal y constitucional que no puede omitirse. El diálogo entre ambas entidades sigue abierto, mientras organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han manifestado su respaldo a la solicitud de la Defensoría, al considerar que el lenguaje incluyente no es un asunto menor sino una herramienta clave para garantizar la igualdad sustantiva.
