La Defensoría del Pueblo emitió un contundente rechazo a las declaraciones del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “El Guri”, quien, tras la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, sugirió bombardear territorios del país donde se registraron altas votaciones a favor de los candidatos Iván Cepeda y Aida Quilcué. En un comunicado oficial, el organismo calificó las afirmaciones como “especialmente graves” y advirtió que podrían configurar conductas delictivas que deben ser investigadas por las autoridades competentes.
El concejal justificó su llamado en denuncias no verificadas sobre presuntas irregularidades en mesas de votación durante la segunda vuelta, señalando que en algunas de ellas se alcanzaron porcentajes superiores al 80% de votos para Iván Cepeda. “Doy un consejo al próximo presidente de este país y también le doy un consejo al alcalde de esta ciudad y al gobernador. Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades, en donde porcentajes superiores al 80%, fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país”, afirmó Rodríguez, generando una ola de indignación nacional.
Un discurso incompatible con el Estado de Derecho
La Defensoría del Pueblo subrayó que “señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas constituye un discurso incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho, desconoce la dignidad humana y pone en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianas”. El organismo recordó que quienes ejercen funciones públicas tienen un “poder-deber de información y comunicación cualificado”, y que sus pronunciamientos deben observar estándares reforzados de veracidad, diligencia, responsabilidad, imparcialidad y respeto por los derechos humanos.
“Resulta especialmente grave que este tipo de afirmaciones se produzcan en un país atravesado históricamente por la violencia y la persecución política, y la acción armada en contra de comunidades enteras. Asociar territorios y poblaciones con la idea de ‘enemigo’ por el sentido de su voto alimenta narrativas de exclusión y profundiza la polarización social que tanto daño le ha causado al país”.
Defensoría del Pueblo
Las declaraciones del concejal se enmarcan en el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde compitieron candidatos de izquierda y derecha, y se basan en la tesis del “voto fusil”, que sugiere un presunto constreñimiento armado a votantes en zonas donde ganaron Iván Cepeda y Aida Quilcué. La Defensoría recordó que el artículo 95 de la Constitución Política establece la obligación de respetar los derechos ajenos y que la libertad de expresión no protege discursos orientados a promover la violencia. Asimismo, advirtió que la normativa vigente impide que las autoridades abusen de su poder y vinculen decisiones electorales con la criminalidad, instando a las autoridades competentes a investigar a fondo estas expresiones que atentan contra la convivencia democrática.
