El movimiento Defensores de la Patria, que respalda la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, solicitó formalmente la intervención de la Procuraduría General de la Nación y alertó a misiones internacionales de observación electoral por el presunto uso del Gobierno de Gustavo Petro como comando político de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 21 de junio. La misiva, fechada el miércoles 3 de junio, fue dirigida no solo al Ministerio Público sino también a la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter, el International Republican Institute y Transparencia Electoral, organismos ante los cuales la colectividad denunció una presunta participación indebida en política de funcionarios del Gobierno Petro en favor del candidato del Pacto Histórico.
Según el comunicado público emitido por el movimiento, ministros, altos funcionarios, medios institucionales y recursos del Estado habrían sido utilizados para hacer campaña por Iván Cepeda, incluyendo declaraciones directas del presidente Gustavo Petro. «Exigimos una respuesta clara: ¿los ministros y altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro están cumpliendo sus funciones constitucionales o están actuando como integrantes del comando político de Iván Cepeda?», plantea el texto de la denuncia. La colectividad recordó que en la primera vuelta, Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos, mientras que Petro habría convocado a sumar «tres millones de votos adicionales» para derrotar a un candidato, lo que consideran una muestra del uso de la estructura estatal con fines electorales.
«El Estado no puede convertirse en maquinaria electoral. Los ministros no pueden actuar como activistas de una candidatura. Los recursos públicos, los medios institucionales y las capacidades del Gobierno pertenecen a todos los colombianos, no a una campaña presidencial», señaló el movimiento Defensores de la Patria en su comunicado, al tiempo que insistió en que «la segunda vuelta debe desarrollarse con reglas claras, equilibrio institucional y garantías reales para ambas candidaturas». La denuncia también involucra el posible uso del sistema de medios públicos a través de la estatal Inravisión y herramientas del Ejecutivo con capacidad de incidir en el proceso electoral.
Suspensiones y quejas contra funcionarios
La Procuraduría General ya había tomado medidas disciplinarias el pasado 2 de junio, cuando suspendió provisionalmente a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y a Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, por presunta participación en política. La suspensión de Carrillo se debió a declaraciones en medios defendiendo actuaciones del presidente, mientras que la de Saade fue por mensajes en redes sociales pidiendo renuncias para favorecer estrategias políticas. Asimismo, la embajadora en Haití, Vilma Rocío Velásquez, sigue apartada del cargo hasta el final de la segunda vuelta.
Además, existen investigaciones en curso contra otros altos funcionarios como Armando Benedetti, ministro del Interior; María Fernanda Rojas, ministra de Transporte; Antonio Sanguino, ministro del Trabajo; y el exviceministro de TIC Andrés López Cabezas. En cuanto al presidente Gustavo Petro, las quejas en su contra no pueden ser tramitadas directamente por la Procuraduría debido a su fuero constitucional, por lo que al menos diez quejas formales han sido remitidas a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, único organismo facultado para investigar al jefe de Estado.
Con esta denuncia, el movimiento Defensores de la Patria busca poner bajo la lupa internacional la rectitud del proceso electoral de segunda vuelta, en el que se enfrentan Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Abelardo de la Espriella, quien aspira a suceder a Gustavo Petro en el periodo 2026-2030. La colectividad espera que tanto la Procuraduría como los observadores internacionales actúen con celeridad para garantizar que la contienda se desarrolle sin injerencias del aparato estatal.
