Cinco magistrados de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encabezados por su presidente Danilo Rojas Betancourth, fueron denunciados penal, fiscal y disciplinariamente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La denuncia, que ya fue radicada, los señala por los presuntos delitos de peculado por apropiación, prevaricato y abuso de autoridad, al haber recibido salarios completos durante siete años sin haber resuelto ningún proceso de apelación, ya que los primeros fallos apelables solo comenzaron a llegar a sus despachos a finales de 2025. Los otros magistrados denunciados son Rodolfo Arango Rivadeneira, Eduardo Cifuentes Muñoz, Sandra Rocío Gamboa y Mirtha Patricia Linares.
La JEP abrió sus puertas al público el 15 de marzo de 2018, y desde entonces los cinco magistrados fueron asignados a la Sección de Apelación. Sin embargo, según el documento de la denuncia, estos magistrados sabían que los recursos contra sentencias de primera instancia tardarían años en llegar, y pese a ello, durante todo ese lapso cobraron sus sueldos sin asumir procesos de apelación. La denuncia sostiene que «los cinco magistrados se cruzaron de brazos años enteros sin trabajar, muy orondos, cobrando el sueldo sin pudor alguno, sin pena, sin vergüenza». Además, se les cuestiona por haber conformado una amplia planta de personal —once personas adicionales por despacho, según el Acuerdo AOG 020 de 2024—, haber realizado viajes y comisiones internas administrativas, y no haberse sumado a las tareas de otras salas que sí requerían apoyo.
Salarios sin contraprestación y política de movilidad
Entre los puntos más críticos de la denuncia se señala que los magistrados no se integraron a otras salas pese a la evidente necesidad de descongestión. Solo algunos funcionarios, mediante una política de “movilidad”, fueron trasladados temporalmente a otras dependencias; según la denuncia, «esos pocos que rotaron sí trabajaron algo». También se cuestiona que Patricia Linares y Eduardo Cifuentes, quienes fueron presidentes de la JEP en distintos periodos, tenían facultad para modificar la planta de personal y apoyar labores en otras secciones, pero no lo hicieron. La denuncia pide imputar a los cinco magistrados por peculado, prevaricato y abuso de autoridad, y solicita establecer el impacto real de esa política de movilidad.
«A pesar de que sabían que el primer caso para fallo apelado les llegaría dentro de varios años, y de hecho no les llegó sino a finales de 2025».
Denuncia penal, fiscal y disciplinaria
La Sección de Apelación no comenzó a recibir asuntos para resolver hasta finales de 2025, cuando llegaron los primeros fallos de primera instancia apelables: el del Macrocaso 01, relacionado con las Farc, emitido el 16 de septiembre de 2025, y el del Macrocaso 03, sobre los falsos positivos del Batallón La Popa, emitido el 18 de septiembre de 2025. Durante los siete años previos, los magistrados emitieron nueve decisiones denominadas “sentencias interpretativas” o Senit, pero la denuncia afirma que técnicamente no son sentencias porque no resuelven apelaciones de fallos de primera instancia, lo que refuerza la tesis de que no ejercieron la función jurisdiccional para la que fueron nombrados.
