El equipo de empalme del gobierno entrante, liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total del Invías. La denuncia, que también involucra a Germán Calderón España, designado como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y al equipo anticorrupción del nuevo gobierno, señala un bajo nivel de ejecución de obras, recursos comprometidos sin el debido seguimiento y un posible direccionamiento de contratos para favorecer a congresistas. El documento menciona a los exministros Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González, al exdirector de la Ungrd Olmedo López, al exsubdirector Sneyder Pinilla, así como a Andrea Ramírez Oliveros y María Alejandra Benavides Soto, como parte de las presuntas redes que habrían participado en el manejo de los recursos.
La denuncia, remitida con corte de información al 31 de diciembre de 2024, expone que los contratos cuestionados se suscribieron entre mayo de 2023 y febrero de 2024, y detalla fallas graves en el seguimiento a los recursos girados a las Juntas de Acción Comunal, la existencia de obras inconclusas y una baja ejecución de kilómetros de vías rurales. De acuerdo con el informe de empalme, la meta del programa era intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales y caminos ancestrales, pero al cierre de 2024 solo se habían ejecutado 117.2 kilómetros.
Millonarios recursos en duda
El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, una iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro adscrita al Invías y al Ministerio de Transporte, contaba con un presupuesto previsto de 4 billones de pesos para el periodo 2023-2024. Sin embargo, solo se asignaron 660.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 500.000 millones fueron entregados a las Juntas de Acción Comunal. Al cierre de 2024, se habían suscrito 2.160 convenios solidarios, de los cuales solo 367 estaban en ejecución, 894 se encontraban suspendidos, 856 habían terminado, 31 estaban liquidados y 12 terminaron sin ejecución. En 2023 se firmaron 1.035 convenios, de los cuales 141 no concluyeron, 7 se liquidaron sin ejecución y 856 finalizaron, con un plazo promedio real de 10 meses frente a los 3 meses previstos. En 2024, de los 1.125 convenios suscritos, 242 estaban en ejecución, ninguno terminado y 883 suspendidos.
Un caso particularmente grave es el de seis contratos en Antioquia por un valor de 2.289.208.330 pesos, que a la fecha de la denuncia, el 26 de febrero de 2026, tenían un 0% de avance pese a que se había desembolsado la totalidad de los recursos. La denuncia también señala un presunto direccionamiento de 74 proyectos de Invías por 571.701.000.000 de pesos para beneficio de congresistas de las comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima. El informe del empalme presenta este esquema como paralelo al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), también bajo investigación.
Presunto esquema de gobernabilidad
La denuncia, que se apoya en una auditoría de la Contraloría General para sustentar el bajo cumplimiento de metas, solicita a la Fiscalía investigar la posible participación de representantes legales o administradores de las Juntas de Acción Comunal. El texto de la denuncia aclara que el señalamiento sobre el direccionamiento de contratos es parte de la investigación que se pide abrir, no un hecho probado. Se menciona una planilla de proyectos llamada “cupos indicativos” que, supuestamente, detallaba proyectos regionales a asignar a congresistas para mantener la gobernabilidad, con autorización del entonces ministro Ricardo Bonilla. Este caso se presenta en el marco del empalme entre el gobierno saliente y el entrante, y pone de manifiesto un presunto saqueo de recursos, incumplimiento de metas oficiales y el posible uso de contratos públicos para asegurar el apoyo político.
