El concejal de Cali Juan Martín Bravo Castaño denunció públicamente un contrato por 3.400 millones de pesos firmado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Fundación Significarte, en el que se destinan 1.838 millones de pesos a la elaboración de cinco informes sin que se detalle la distribución de los recursos. El contrato, que busca la reconstrucción del tejido social en comunidades vulnerables de Amazonas, Vichada y Chocó, ha despertado serios cuestionamientos por la falta de transparencia en la asignación de los montos y por la reducción significativa del número de beneficiarios que recibirían acompañamiento integral: apenas 175 personas frente a los 1.100 reportados oficialmente.
Según la oferta económica del proceso, que se encuentra en estado de “proceso adjudicado y celebrado”, cuatro de los cinco informes tienen un costo idéntico de 389,2 millones de pesos cada uno, mientras que el quinto no fue especificado. Además, se asignaron 102,3 millones para la convocatoria y selección de los beneficiarios, 54,8 millones para su caracterización, 214,6 millones para cinco ferias de economía popular —unos 43 millones por evento— y 59,8 millones para asistencia técnica a seis entidades. El concejal Bravo Castaño advirtió que no existe un desglose de precios unitarios que justifique rubros como personal, transporte, logística, refrigerios, materiales o administración.
Cuestionamientos a la transparencia y el control
“Sin que se detalle la distribución de los recursos entre personal, transporte, logística, refrigerios, materiales, administración o elaboración documental”, señaló el concejal en su denuncia, al tiempo que alertó sobre el riesgo de que recursos destinados a víctimas terminen financiando documentos costosos y burocracia sin trazabilidad suficiente. La senadora del Centro Democrático Claudia Margarita Zuleta Murgas respaldó la denuncia y afirmó contundente: “Definitivamente no piensan dejar ni la olla”.
“Haré un seguimiento estricto a la ejecución de estos recursos. No puede ser que hagan feria la plata de los colombianos”.
Claudia Margarita Zuleta Murgas, senadora del Centro Democrático
El objetivo oficial del contrato, según el Dapre, es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de estrategias de reconstrucción del tejido social, la promoción de la reconciliación, incorporando acciones pedagógicas para la prevención de violencias y el fortalecimiento de capacidades socioeconómicas de la población en condición de vulnerabilidad”. Sin embargo, de acuerdo con la oferta económica, solo 175 personas recibirían acompañamiento integral con insumos y fortalecimiento productivo, otros 175 serían acompañantes, y los 750 restantes participarían únicamente en talleres de 11 horas. Bravo Castaño hizo un llamado a los organismos de control para investigar el manejo de estos recursos y garantizar la transparencia en la ejecución del proyecto, mientras que la senadora Zuleta Murgas se comprometió a hacer un seguimiento estricto para que no se desvíen los fondos destinados a las comunidades más vulnerables del país.
