Un informe de 45 páginas presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) denuncia una grave crisis democrática en Colombia, señalando tanto presiones de grupos armados ilegales sobre la población civil como una presunta participación indebida del presidente Gustavo Petro en la campaña electoral. El documento, radicado en junio de 2026 por el abogado Víctor Mosquera y la Fundación Derechos y Justicia Asociados, fue entregado como información adicional antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, después de que la primera vuelta se realizara el 31 de mayo. Los denunciantes alegan una «crisis estructural y sistemática» que afecta la integridad del proceso electoral y vulnera derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El informe documenta amenazas e intimidaciones de grupos como el EMC y el ELN sobre el voto en zonas de conflicto, y además recopila declaraciones y publicaciones en redes sociales del presidente Gustavo Petro que, según los denunciantes, constituyen propaganda electoral a favor del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro. La denuncia también señala una coincidencia geográfica entre áreas con presencia de grupos armados y regiones donde Cepeda obtuvo amplios respaldos en la primera vuelta. Según el informe, 218 mesas de votación ubicadas en «zonas rojas» habrían registrado un 100% de votos para el candidato oficialista, y 168 de esas mesas están en municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
Presuntas presiones armadas y la sombra de alias «Calarcá»
El documento cita como ejemplo de la presión armada una entrevista atribuida a alias «Calarcá», integrante de un grupo armado ilegal, en la que se lee: «Los campesinos nos dicen, ‘Camaradas, ¿por quién votamos? ¿Por los candidatos de Petro, por los uribistas o por los santistas?’, nosotros les decimos por los de Petro, eso no tiene menor duda». Los denunciantes consideran que estas declaraciones evidencian una intromisión directa de grupos armados en la libertad de sufragio de las comunidades.
«Los campesinos nos dicen, ‘Camaradas, ¿por quién votamos? ¿Por los candidatos de Petro, por los uribistas o por los santistas?’, nosotros les decimos por los de Petro, eso no tiene menor duda»
Alias «Calarcá», integrante de grupo armado ilegal (citado en el informe)
Además de la denuncia sobre coacción armada, el informe detalla una presunta participación en política por parte del jefe de Estado. Se menciona que al menos diez procesos relacionados con esta presunta falta estaban abiertos contra el presidente Petro para finales de mayo de 2026. El documento recuerda que el Consejo de Estado, en decisión del 28 de mayo de 2026, ordenó al mandatario «abstenerse en lo sucesivo de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político» mediante medios oficiales.
Las palabras del presidente bajo la lupa
El informe incluye como evidencia una publicación del presidente Petro del 30 de noviembre de 2025 en la red social X, donde afirmó: «Si vuelve a elegirse el proyecto democrático, Bolívar vivirá en los corazones de todas y todos los colombianos. Romperemos las cadenas y abriremos las oportunidades aún más para el pueblo». También se cita otra declaración del mandatario, del mismo periodo, en la que cuestionó los resultados del preconteo: «Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado». Los denunciantes sostienen que estas expresiones trascienden la función presidencial y constituyen propaganda electoral.
La Fundación Derechos y Justicia Asociados y el abogado Víctor Mosquera solicitaron a la Cidh que analice las denuncias de cara a la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, advirtiendo que la integridad democrática del proceso está en riesgo. El informe, que se suma a un informe técnico previo, busca que el organismo interamericano tome cartas en el asunto ante lo que consideran una amenaza a los derechos políticos consagrados en la Convención Americana.
