La representante a la Cámara María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, denunció este martes que el decreto de emergencia expedido por el Gobierno tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 incluiría una disposición que permitiría destinar fondos de reconstrucción a infraestructura penitenciaria de mayor capacidad, lo que calificó como un «mico». A través de un video publicado en su cuenta de X y radicando una proposición en el Congreso, la congresista alertó sobre esta redacción que, según ella, no está directamente relacionada con la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo y podría abrir paso a proyectos de megacárceles con recursos excepcionales.
Pizarro respalda la declaratoria de emergencia, pero exige que el Ejecutivo precise los gastos autorizados, los montos asignados y los mecanismos de control. La legisladora diferencia entre reparar cárceles dañadas por el sismo, lo cual considera procedente, y construir o ampliar capacidad penitenciaria, que califica como una política estructural que debe financiarse con presupuesto ordinario, con debate y control del Congreso. Además, advierte que si la Corte Constitucional invalida disposiciones no relacionadas con los daños del terremoto, podrían frenarse las obras y generarse obligaciones sobre recursos ya comprometidos.
Advertencias sobre el Fondo de Estabilización
La congresista también expresó preocupación por un eventual uso del Fondo de Estabilización para cubrir gastos del decreto. Señaló que expertos han advertido sobre la posible llegada de un nuevo fenómeno climático, denominado «superniño», y que este fondo es «el único colchón que tiene el país para el próximo desastre».
«Los recursos de la reconstrucción tienen que ser para los afectados y sus viviendas»
María del Mar Pizarro, representante a la Cámara
«¿Serán estos los recursos para las megacárceles con el dinero de la reconstrucción?»
María del Mar Pizarro, representante a la Cámara
Entre las prioridades de reconstrucción, Pizarro mencionó viviendas de damnificados, colegios y hospitales dañados. La representante insiste en que el decreto carece de detalles suficientes sobre cifras, montos asignados y forma de ejecución del presupuesto, y que «quienes terminaremos pagando somos todos los colombianos» si se generan riesgos jurídicos. El debate de control político radicado por la congresista busca esclarecer estos puntos y garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.
