Una denuncia por presunto peculado y falsedad documental fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación contra dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la coordinadora de la entidad en Popayán, por el presunto desfalco de cerca de mil millones de pesos. El representante legal de la organización sindical UT UNP, Wilson Javier Devia Pérez, presentó la denuncia el pasado 8 de mayo, en la que revela que los dos escoltas habrían seguido cobrando salarios, viáticos y el arriendo de un vehículo durante 17 meses, pese a que la persona a la que debían proteger, María Isabel Chávez Giraldo, se encuentra fuera del país desde diciembre de 2024.
Según la denuncia, el esquema de seguridad, que incluye un vehículo y los dos escoltas, tenía un costo mensual de aproximadamente 26 millones de pesos. Los pagos irregulares se habrían mantenido durante 17 meses, generando un detrimento patrimonial estimado en hasta mil millones de pesos para el Estado. El sindicalista aseguró que la información fue obtenida a través de canales sindicales y que los escoltas no entregaron el automóvil a la UNP, argumentando que se encontraba en reparación. Además, la coordinadora Ana Jiménez Penagos habría informado que el esquema protegía a los padres de la beneficiaria, quienes fallecieron hace más de diez años.
Presuntas irregularidades en la valoración de riesgo
El documento de la denuncia también cuestiona la vigencia del esquema de seguridad, señalando que la valoración de riesgo que reafirmó la asignación se realizó de forma virtual, sin ninguna verificación presencial. La protegida no notificó su salida del país y la UNP no suspendió el servicio, lo que permitió que los pagos continuaran sin que el servicio se prestara efectivamente.
La denuncia no se limita al caso de María Isabel Chávez Giraldo. También menciona a Javier Eduardo Cáceres Valencia, quien mantendría un esquema de seguridad en Villa del Rosario, Norte de Santander, pese a estar fuera del país en condición de asilo político. En este segundo caso, la facturación anual superaría los 600 millones de pesos, incluyendo combustible, escoltas, viáticos y vehículos blindados. Tanto Chávez Giraldo como Cáceres Valencia estarían vinculados a la fundación Fevcol, dedicada a ofrecer refugio y residencia en el extranjero bajo la presunta condición de víctimas.
La denuncia incluye los nombres completos y documentos de identidad de los presuntos implicados, y fue presentada por Devia Pérez como representante legal de la organización sindical UT UNP, que agrupa a trabajadores de la UNP. El caso está ahora en manos de la Fiscalía, que deberá investigar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
