La Contraloría General de la República encendió las alarmas al revelar un desfase de 27,18 billones de pesos entre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 y las proyecciones fiscales contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, una situación que obligaría al Estado a recortar gasto o buscar nuevas fuentes de ingreso para evitar un desequilibrio en las finanzas públicas. En un comunicado oficial, el ente de control, liderado por Gregorio Eljach, advirtió que el recaudo tributario no alcanza la meta establecida y que la deuda se acelera, generando un riesgo latente para la sostenibilidad fiscal del país.
De acuerdo con la información presentada, con corte al 16 de junio de 2026, el PGN asciende a 555,72 billones de pesos, de los cuales solo se han recaudado 252,68 billones, lo que deja un faltante de financiación de 303 billones, equivalente al 54,5% del presupuesto total. La meta inicial de recaudo tributario para este año era de 321,46 billones, pero fue ajustada a la baja hasta 294,28 billones, y el recaudo real reportado a la fecha apenas alcanza los 138,17 billones. Esto representa un déficit de 32 billones frente a la trayectoria esperada, evidenciando una presión fiscal que el Gobierno de Gustavo Petro ya había reconocido en la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Endeudamiento al límite y llamado al empalme
La situación se agrava con el nivel de endeudamiento. El cupo de largo plazo comprometido a junio de 2026 asciende a 64,79 billones de pesos, lo que representa el 76% del cupo total disponible, una cifra significativamente superior al 47,28 billones comprometidos en el mismo periodo de la vigencia anterior. Frente a este panorama, la Contraloría fue tajante: «Si el Estado no cuenta con nuevas fuentes de ingresos, será necesario reducir el gasto, al menos, en ese mismo monto para mantener el equilibrio de las finanzas públicas».
En medio de estas presiones fiscales y con la segunda vuelta presidencial ya superada, la Contraloría y la Procuraduría General, encabezada por Carlos Hernán Rodríguez, emitieron la Directiva Conjunta No. 001 de 2026. La medida, fundamentada en el artículo 209 de la Constitución Política y la Ley 951 de 2005, exige al Gobierno saliente la entrega de un informe de gestión completo para el empalme con el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto. “El informe debe incluir la totalidad de los temas a cargo de la administración, así como la gestión adelantada respecto de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para hacerlos efectivos. Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”, señalaron los organismos de control.
«El informe debe incluir la totalidad de los temas a cargo de la administración, así como la gestión adelantada respecto de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para hacerlos efectivos. Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico»
Contraloría General y Procuraduría General, Directiva Conjunta No. 001 de 2026
La advertencia de la Contraloría y el exhorto de la Procuraduría se producen en un momento crucial para la transición de poder, cuando el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella ya inició el proceso de empalme. El objetivo es que la nueva administración conozca el estado real de las cuentas públicas y pueda tomar decisiones informadas desde el primer día de su mandato, en un contexto donde la sostenibilidad fiscal del PGN 2026 pende de un hilo y las opciones de ajuste, ya sea por ingreso o por gasto, son cada vez más apremiantes.
