El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central de Colombia alcanzó el 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) entre enero y agosto de 2026, lo que equivale a 91,2 billones de pesos. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que esta situación presiona la inflación, dificulta la reducción de las tasas de interés y encarece los créditos hipotecarios. La cifra supera el registro del mismo periodo de 2025, cuando el déficit fue de 4,1% del PIB, y también está por encima de los déficits anuales completos de varios años recientes: en 2016 fue de 4%, en 2017 de 3,7%, en 2018 de 3,1%, en 2019 de 2,5% y en 2023 de 4,2%. Incluso, el déficit acumulado a agosto de 2026 se acerca al 5,3% del PIB registrado en el mismo mes de 2020, uno de los periodos más críticos de la última década.
La meta de cierre para 2026 es de 7,2% del PIB, por lo que el Gobierno aún tiene un margen de 2,6 puntos porcentuales para ejecutar el resto del año. Los ingresos totales entre enero y agosto sumaron 223 billones de pesos, equivalentes a 11,1% del PIB, de los cuales los tributos aportaron 201 billones, es decir, el 10% del PIB. Por el lado del gasto, se ejecutaron 314 billones de pesos, que representan 15,6% del PIB, con un funcionamiento de 226 billones (11,2% del PIB). Solo en agosto, el déficit mensual fue de 0,7% del PIB (14,4 billones), mientras que en julio fue de 0,6% y en junio de 0,9%. El déficit primario, que excluye el pago de intereses, pasó de casi cero en 2023 a alrededor de 3,5% del PIB en 2025 y 2026, lo que, según Villar, representa un impulso considerable sobre la demanda interna.
Presión sobre la inflación y las tasas de interés
El gerente del Emisor explicó que el alto gasto público y el aumento del salario mínimo han impulsado la demanda interna en un momento en que la capacidad productiva del país no ha crecido al mismo ritmo. Esa combinación genera presiones inflacionarias y aumenta las compras de bienes en el exterior, pues parte de la demanda adicional no puede ser atendida por la producción nacional. El repunte de la demanda coincidió con un retroceso en el proceso de reducción de la inflación. El indicador pasó de un máximo de 13,4% a 4,8% a mediados de 2025, pero posteriormente volvió a subir hasta 6,3%, mientras las expectativas se alejaron nuevamente de la meta de 3% del Banco de la República.
«El aumento del gasto público y el incremento del salario mínimo han impulsado la demanda interna en un momento en el que la capacidad productiva del país no ha crecido al mismo ritmo (…) esta combinación genera presiones inflacionarias y aumenta las compras de bienes en el exterior, pues una parte de la demanda adicional no puede ser atendida por la producción nacional».
Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República
Para contener la inflación, el Banco de la República subió su tasa de política monetaria en 255 puntos básicos durante el primer semestre de 2026, hasta 12%, y luego la aumentó otros 25 puntos básicos, hasta 12,25%. A esto se suman los efectos del salario mínimo, que subió 11% en 2025 y 23% en 2026, lo que ha presionado los costos laborales y el consumo.
Efecto en el crédito hipotecario y la deuda pública
Villar fue enfático al señalar que, aunque la tasa del Emisor es referencia para las operaciones de muy corto plazo del sistema financiero, un crédito hipotecario puede extenderse por 10, 15, 20 o hasta 30 años. Por eso, para determinar cuánto cuesta financiar una vivienda, también son relevantes las expectativas de inflación a largo plazo y el rendimiento que ofrecen otros instrumentos financieros con vencimientos similares. En ese contexto, los títulos de deuda pública compiten con otras alternativas de inversión y financiación, incluidos los recursos que las entidades financieras podrían destinar a los créditos hipotecarios. Si la deuda pública ofrece rendimientos elevados, los bancos tienen incentivos para comparar esa rentabilidad con la que obtendrían al prestar a los hogares, teniendo en cuenta, además, los costos y riesgos asociados a cada operación.
«Mientras la tasa del Emisor sirve como referencia para las operaciones de muy corto plazo del sistema financiero, un crédito hipotecario puede extenderse durante 10, 15, 20 o hasta 30 años. Por eso, para determinar cuánto cuesta financiar una vivienda, también son relevantes las expectativas de inflación a largo plazo y el rendimiento que ofrecen otros instrumentos financieros con vencimientos similares».
Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) también alertó sobre el creciente uso de deuda de corto plazo. Según su informe de seguimiento fiscal de octubre de 2026, la participación del saldo de Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) y pagarés en la deuda bruta interna se ubicó en 17,4%, frente a 17,3% en julio y a un promedio de 12,3% en los últimos cinco años. Además, la financiación externa representó el 21,3% del total, con una depreciación mensual del peso de 2% frente al dólar. Aunque las compras de TES por parte de extranjeros y el financiamiento del Gobierno han apreciado el peso, esa apreciación reduce los ingresos de los exportadores y favorece la competitividad de los importados.
Reacciones y perspectivas
El contexto fiscal es complejo. El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 en medio de advertencias por un «hueco fiscal considerable» y la necesidad de evaluar recortes al gasto o una nueva reforma tributaria. El presidente Abelardo de la Espriella (según el texto original) señaló que se requiere una ley de ajuste para cuadrar el déficit fiscal. El déficit proyectado para 2026 era de 9,4% del PIB antes de ajustes, y para 2027 se estima entre 7,1% y 7,2% del PIB. La posición de caja de la Nación se ubicó en 22,9 billones de pesos en septiembre, por debajo del promedio de 26,6 billones registrado desde 2014, lo que refleja la estrechez de recursos. Las importaciones crecieron 18% en los primeros ocho meses del año, con picos de 22% en julio y 31% en agosto, evidenciando la demanda insatisfecha por la producción local. Todo esto, mientras el déficit primario se mantiene alrededor de 3,5% del PIB, un nivel que el propio Villar reconoce como un estímulo significativo para la economía, pero que a la vez plantea serios desafíos para la estabilidad macroeconómica y el acceso a la vivienda.
