El director de la Policía Nacional de Colombia, mayor general Alejandro Barrera Peña, denunció que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se implementó una política que debilitó deliberadamente la capacidad de inteligencia del Estado, afectando de manera directa la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. En declaraciones entregadas a la revista Semana, el oficial, quien asumió el cargo hace apenas un mes, afirmó que se buscó atacar a aquellos funcionarios que habían sido efectivos en sus labores contra la criminalidad, lo que resultó en el traslado masivo de personal especializado y en la pérdida de valiosas fuentes de información.
Según el mayor general Barrera Peña, muchos de los hombres y mujeres que habían dado resultados contundentes en la lucha contra los grupos armados fueron separados de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y reasignados a tareas de vigilancia en zonas urbanas y rurales. “Independientemente de cuál fuera la intención, muchos de estos hombres y mujeres que dieron esos resultados salieron de la institución o fueron trasladados a otras unidades”, señaló el director. El diagnóstico del alto oficial fue respaldado por el ministro de Defensa, Jorge Mora López, quien coincidió en que la inteligencia es el activo más importante para presionar a las estructuras criminales y que al perder un agente especializado se pierde también el control sobre las fuentes que acceden a los cabecillas y sus redes.
Una tarea titánica para recuperar el terreno perdido
Ante este panorama, la nueva administración de la Policía Nacional ha puesto en marcha una estrategia urgente para reconstituir la Dipol y sus seccionales en todo el territorio colombiano. El plan incluye el retorno de los agentes con experiencia que fueron trasladados, la recuperación de los contactos con informantes que se perdieron durante este período y la actualización de los equipos y del presupuesto destinado a recompensas. Sin embargo, el propio Barrera Peña reconoció que, a pesar de la intención de debilitar la inteligencia, la gente fue estoica y se mantuvo firme en sus funciones, lo que permitió conservar una base sobre la cual reconstruir las capacidades perdidas.
La compleja recuperación de las fuentes humanas
Uno de los desafíos más complejos que enfrenta la institución, según explicó el ministro de Defensa, es la recuperación de las fuentes humanas, un proceso que depende casi enteramente de la confianza y que se ve afectado por la competencia directa con las organizaciones ilegales. “Los bandidos pagan plata para que una persona no se le vaya para el Estado”, advirtió Mora López, subrayando la dificultad de restablecer los vínculos de cooperación con ciudadanos que arriesgan su vida al colaborar con las autoridades. Pese a las dificultades, las autoridades ya han logrado retomar las comunicaciones con personas que no mantenían contacto con el Estado desde hacía varios años.
“Se debilitó la Inteligencia, quisieron atacar a aquellos que en su momento fueron efectivos en la lucha contra la criminalidad, el terrorismo y el narcotráfico”
Mayor general Alejandro Barrera Peña, director de la Policía Nacional de Colombia
Las declaraciones del mayor general Barrera y del ministro Mora López marcan un giro en la narrativa oficial sobre la seguridad en Colombia, al reconocer abiertamente el detrimento de las capacidades investigativas del Estado durante la actual administración. Mientras tanto, la Policía Nacional trabaja contrarreloj para restaurar la inteligencia como herramienta fundamental para presionar a los grupos armados y recuperar el control territorial frente al narcotráfico y la criminalidad.
