La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por el aumento del control territorial que ejercen las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el departamento del Huila, específicamente el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) a través de sus estructuras frente Ismael Ruiz y bloque Isaías Pardo. Según el informe presentado por la directora de la entidad, Iris Marín Ortiz, en lo corrido de 2025 estas organizaciones han asesinado a seis civiles por no acatar sus lineamientos, mientras imponen manuales de convivencia, extorsiones y reclutamiento forzado de menores en cinco municipios: Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel. La subregión que conecta el Huila con Tolima y Cauca se ha convertido en un corredor estratégico para la expansión de este grupo armado, que busca dominar las rutas viales y los pasos naturales sobre la cordillera Central.
“El escenario de riesgo se configura por la expansión y el fortalecimiento territorial del autodenominado EMC, que ejerce un control hegemónico ligado al dominio de corredores viales y naturales sobre la cordillera Central”, explicó Marín Ortiz al presentar el documento. Las disidencias han instalado retenes ilegales, vallas y panfletos que demarcan su presencia, además de regular horarios de circulación mediante los denominados manuales de convivencia. La población civil —compuesta principalmente por agricultores, mineros y comerciantes— es la más afectada, ya que debe someterse a estas normas arbitrarias o enfrentar represalias. El reclutamiento de menores, en particular de comunidades indígenas del pueblo Nasa, como el resguardo Páez y el cabildo Lame Páez, ha sido denunciado por la Defensoría, que señala que los niños y adolescentes son trasladados a regiones como Cauca y la Orinoquía.
Violencia en ascenso y desplazamiento forzado
El informe de la Defensoría del Pueblo detalla que los homicidios de civiles en 2025 están directamente ligados a la imposición de estos controles territoriales. “Estos hechos han contribuido al aumento de los índices de homicidio en municipios como Palermo y Neiva, donde la situación de seguridad ha generado preocupación entre los residentes”, advierte el documento. Además, la ocupación de viviendas y escuelas durante enfrentamientos armados representa otro factor de riesgo para la población civil, que se ve obligada a desplazarse o a convivir con la presencia de actores armados en su entorno inmediato. La Defensoría también alertó sobre la recaudación de fondos mediante extorsiones que afectan tanto a zonas rurales como urbanas, fortaleciendo así la capacidad operativa del EMC.
“El escenario de riesgo se configura por la expansión y el fortalecimiento territorial del autodenominado EMC, que ejerce un control hegemónico ligado al dominio de corredores viales y naturales sobre la cordillera Central”
Iris Marín Ortiz, directora de la Defensoría del Pueblo
Ante esta grave situación, la Defensoría formuló 19 recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior, la Consejería para los Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, con el objetivo de frenar la arremetida del grupo armado y proteger a las comunidades afectadas. El organismo insistió en la necesidad de implementar acciones integrales que combinen presencia institucional, garantías de seguridad y medidas de prevención del reclutamiento de menores. Mientras tanto, en los cinco municipios señalados, la población sobrevive entre el miedo y la resignación, atrapada en un conflicto que parece intensificarse día a día en el suroccidente colombiano.
