Dos hombres armados irrumpieron la mañana del jueves 2 de julio de 2026 en una vivienda del corregimiento Buenos Aires, en el municipio de Aracataca (Magdalena), y dispararon de manera indiscriminada contra todas las personas que se encontraban en el lugar. El ataque dejó dos adultos muertos y una mujer gravemente herida, en un hecho que las autoridades investigan como una posible retaliación entre grupos armados ilegales que se disputan el control de la zona.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Edwin José Gregorio Hurtado Higuera, conocido como “El Chino”, quien se desempeñaba como mecánico y llantero, y Elizabeth Ahumada Martínez, de 42 años, trabajadora de la empresa de aseo Interaseo. La hija de Elizabeth, Yeimy María García Ahumada, resultó herida de gravedad y permanece bajo pronóstico reservado. En el lugar funcionaba un pequeño negocio de venta de aceites y repuestos para motocicletas, que era atendido por la familia. Vecinos relataron que, tras el ataque, solo quedaron los gritos de auxilio. Un bebé de 17 meses, hijo de Yeimy, se salvó porque se encontraba en una guardería al momento de la masacre.
Crisis humanitaria en la región
El ataque ocurre en medio de una escalada de violencia en el departamento del Magdalena, donde en el primer semestre de 2026 se registraron 261 homicidios. La Defensoría del Pueblo reportó que 46 familias, equivalentes a 172 personas, han sido desplazadas forzosamente hacia el casco urbano de Aracataca, incluidos 63 niños, niñas y adolescentes. La zona está bajo la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, que ya advertía del alto riesgo para la población civil ante los enfrentamientos entre los grupos autodenominados Conquistadoras de la Sierra (Acsn) y el Clan del Golfo (EGC).
Las autoridades han señalado como hipótesis principal una posible retaliación relacionada con disputas entre estos grupos armados ilegales, aunque no existen pruebas suficientes para atribuir el ataque a una organización específica. La Defensoría del Pueblo también ha denunciado restricciones de movilidad, retención de teléfonos, alimentos y motocicletas, así como el riesgo de artefactos explosivos en las zonas rurales. Unidades de Inteligencia e Investigación Criminal del Departamento de Policía Magdalena y el CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica y recogen evidencias en el lugar de los hechos, mientras la Defensoría instó a las entidades nacionales y territoriales a implementar de manera urgente las recomendaciones de la alerta temprana para evitar nuevas tragedias.
