El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, justificó la revocación de visas a siete ciudadanos colombianos como parte de una política migratoria destinada a enfrentar la corrupción y proteger la estabilidad regional. La medida, anunciada el pasado 28 de septiembre desde el Departamento de Estado, afecta a Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro; Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo; Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo; Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara; Julio Elías Chagüí Flórez, exsenador; Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadora; y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado. Las restricciones se extienden también a los familiares de los incluidos en la lista.
La aplicación de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos permite negar visas por motivos de política exterior cuando existen presuntos actos de corrupción o narcotráfico que, según Washington, socavan gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio. Según el comunicado oficial, la política no discrimina por filiación política y busca apoyar los esfuerzos de países como Colombia y Bolivia para erradicar la influencia ilícita en tribunales, policía y órganos legislativos.
Los casos que motivaron la sanción
Los siete afectados enfrentan investigaciones o procesos judiciales en Colombia que abarcan desde presuntas irregularidades en la financiación de campañas hasta vínculos con organizaciones criminales. Ricardo Roa, por ejemplo, es investigado por violar los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022 y por la compra de un apartamento con posibles beneficios indebidos ligados a contratos de Ecopetrol. En tanto, Wadith Manzur, Karen Manrique y Liliana Bitar están vinculados al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), mientras que Julio Elías Chagüí ha sido mencionado en pesquisas sobre acuerdos entre funcionarios y legisladores por contratos estatales. Yahir Acuña es investigado por la Corte Suprema por presuntos nexos con estructuras ilegales, y José Ignacio Mesa fue condenado a seis años de prisión por concierto para delinquir agravado debido a sus vínculos con organizaciones criminales que respaldaron sus campañas.
«Para proteger la estabilidad regional, es necesario fomentar la rendición de cuentas de los responsables de actos de corrupción. Al imponer restricciones de visado a dichos individuos, estamos apoyando los esfuerzos que se están llevando a cabo en Bolivia y Colombia para erradicar la influencia ilícita en los tribunales, la policía y los órganos legislativos».
Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental
La acción se enmarca en los compromisos adquiridos durante la cumbre de Doral, celebrada en marzo, y en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre. El gobierno de Estados Unidos ha señalado que respalda al gobierno colombiano en su objetivo de eliminar la influencia criminal de las instituciones públicas, y que la revocación de visas es una herramienta más dentro de una estrategia integral para preservar la democracia en la región. La sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad faculta al secretario de Estado a negar el ingreso si existen motivos razonables para creer que la presencia del extranjero podría acarrear consecuencias graves para la política exterior estadounidense, un argumento que sustenta la decisión anunciada por Segura.
