De los 182 representantes a la Cámara para el periodo 2026-2030, solo 96 completaron su declaración de renta ante Función Pública, mientras que 68 mantienen una declaración anterior y 15 no presentaron el documento. Así lo revela un informe de la revista Cambio que contrasta las declaraciones patrimoniales y de renta de los congresistas, evidenciando incumplimientos y discrepancias significativas en los capitales declarados.
El patrimonio líquido más alto en la Cámara corresponde a James Hermenegildo Mosquera Torres, curul de paz por Chocó y Antioquia, con $14.745 millones declarados en 2024 e ingresos anuales por $2.418 millones. Le siguen Carlos Gumercindo de la Peña, del Partido de la U en Cesar, con $7.354 millones; Alfredo Cuello Baute, conservador del Cesar, con $5.475 millones; Óscar Darío Pérez Pineda, del Centro Democrático en Antioquia, con $5.408 millones, y Víctor Manuel Salcedo Guerrero, del Partido de la U en el Valle del Cauca, con $3.790 millones. En el extremo opuesto, los patrimonios más bajos los registraron Carlos Mario Calvo, de Unidad Minga, con apenas $3 millones; Jaime Santamaría, del Pacto Histórico, con $16 millones, y Jhon Fredi Valencia, curul de paz, con $37 millones.
Deudas cuantiosas y patrimonios disímiles
El informe también detalla las deudas más altas entre los representantes: Alexander Arley Bermúdez Lasso, del Partido Liberal, reportó $1.463 millones; Erick Adrián Velasco, del Pacto Histórico, $1.239 millones; Nataly Vélez Lopera, de Cambio Radical, $1.054 millones; Samir Radi Chemas, con $996 millones, y Jezmi Barraza, con $885 millones. Estos montos contrastan con la situación de otros congresistas que declararon patrimonios reducidos, lo que evidencia la heterogeneidad económica del Legislativo.
El análisis de Cambio cruzó los formularios de declaración patrimonial y de renta de los representantes, encontrando que de los 148 congresistas con ambos registros, solo 23 presentan cifras coincidentes. La diferencia mediana entre los patrimonios declarados en uno y otro documento asciende a $181 millones, lo que abre dudas sobre la consistencia de la información pública entregada por los legisladores, quienes están obligados por la Ley 2013 de 2019 a declarar bienes, rentas y posibles conflictos de interés cada año.
Ingresos por fuera del Congreso y posibles conflictos de interés
Varios representantes ganan más fuera del Congreso que por su labor legislativa, que representa aproximadamente $660 millones anuales. Es el caso de James Mosquera, Alfredo Cuello, Óscar Pérez y Víctor Salcedo, quienes registran ingresos adicionales sustanciales. Cuello, por ejemplo, declaró $2.179 millones en “otros ingresos y rentas”, una cifra muy superior a su salario como congresista. En cuanto a los posibles conflictos de interés, el informe contabiliza 162 familiares reportados por los representantes, de los cuales 114 trabajan en el sector privado, 34 ocupan cargos públicos, 8 no tienen ocupación declarada y el resto son pensionados o beneficiarios.
El patrimonio promedio por partido también revela brechas significativas: el Partido de la U encabeza con $1.793 millones por representante, seguido por las curules de paz con $1.613 millones, el Partido Liberal con $1.028 millones, el Centro Democrático con $819 millones y el Pacto Histórico con $351 millones. En términos agregados, el Liberal acumula $21.579 millones entre sus 21 representantes y el Conservador $20.273 millones entre 20. Casos particulares llaman la atención, como el de James Mosquera, quien enfrentó un proceso en 2024 por presunto fraude en el Registro de Víctimas, o el de Alfredo Cuello, que declaró diez inmuebles, ganado y deudas con la Dian y particulares. Óscar Pérez, por su parte, reportó depósitos bancarios e inversiones en Panamá, incluyendo $1.934 millones en Banistmo y $195 millones en el Banco de Bogotá Panamá, además de $11,8 millones en Estados Unidos. Víctor Salcedo concentra su patrimonio en 15 participaciones inmobiliarias en Buga por más de $3.103 millones. Finalmente, la representante Elizabeth Jay Pang Díaz, del Liberal, incluyó a dos sobrinos como potencial conflicto de interés, un detalle que revela la complejidad de los vínculos familiares en el ejercicio del cargo.
