La Embajada de Colombia en Estados Unidos confirmó este 15 de octubre que el Gobierno, a través del Consulado en Miami, brinda asistencia consular y asesoría jurídica a los 17 exmilitares colombianos que fueron deportados desde Haití y actualmente se encuentran detenidos en territorio estadounidense, señalados por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. El acompañamiento comenzó el 21 de septiembre de 2026, fecha en la que los exuniformados llegaron a Estados Unidos tras ser expulsados de Haití, y el 25 de septiembre se realizó una visita consular para evaluar sus condiciones y garantizar el debido proceso.
De acuerdo con el comunicado diplomático divulgado desde Washington, el Consulado en Miami contactó de inmediato a la fiscalía del Distrito Sur de Florida para conocer el estado de salud de los detenidos e identificar sus necesidades básicas. Asimismo, se estableció comunicación con los familiares de los 17 colombianos para informarles sobre su situación y las gestiones que adelanta el Estado colombiano. Durante la visita consular del 25 de septiembre, los funcionarios brindaron asesoría jurídica personalizada y revisaron las garantías procesales, todo en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
“En síntesis, la instrucción impartida por el señor presidente se ha cumplido plenamente, utilizando todas las herramientas jurídicas que confiere el derecho internacional para la protección de nuestros connacionales”, señaló la Embajada en su pronunciamiento.
Instrucción presidencial y respaldo a los exmilitares
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, había instruido el 6 de octubre a los ministerios de Defensa y Justicia para que se brindara asistencia jurídica y apoyo a las familias de los detenidos. En declaraciones públicas ese mismo día, el mandatario afirmó: “No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”. Además, enfatizó su compromiso: “No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”.
El asesinato de Jovenel Moïse ocurrió el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe, y desde entonces las autoridades haitianas y estadounidenses han investigado la participación de un grupo de exmilitares colombianos. Los 17 detenidos fueron deportados desde Haití a Estados Unidos, donde enfrentan un proceso judicial en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida.
Defensa particular sin financiación estatal
A pesar del respaldo gubernamental, la defensa de los exmilitares aclaró que el Estado colombiano no está cubriendo los honorarios de los abogados particulares. En una notificación conjunta presentada el 13 de octubre ante el tribunal, el abogado Juan J. Michelen, de la firma Stumphauzer Kolaya & Sloman, PLLC., indicó: “No se solicitó ni se ofreció asistencia financiera para el pago de honorarios legales, y no se proporcionará ninguna”. Esto deja claro que, si bien el Gobierno acompaña el proceso y supervisa las garantías judiciales, la defensa legal es gestionada de manera independiente por los propios detenidos o sus familias.
“No se solicitó ni se ofreció asistencia financiera para el pago de honorarios legales, y no se proporcionará ninguna”
Juan J. Michelen, abogado de la defensa, en notificación del 13 de octubre ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida
La Embajada reiteró que la asistencia consular se mantendrá activa mientras dure el proceso judicial, velando por el respeto al debido proceso y los derechos de los connacionales en el exterior. El caso sigue generando expectativa, no solo por la gravedad del magnicidio, sino por la implicación de ciudadanos colombianos en uno de los crímenes políticos más impactantes de la región en los últimos años.
