Embajada rusa niega vínculo con desaparición de 173 colombianos en Moscú

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La Embajada de la Federación de Rusia en Colombia negó este miércoles cualquier vínculo con redes que reclutan colombianos para combatir en la guerra de Ucrania, pero evitó pronunciarse sobre el paradero de los 173 ciudadanos reportados como desaparecidos ante el consulado colombiano en Moscú. Mientras tanto, más de 50 familiares realizaron un plantón en la avenida El Dorado de Bogotá, exigiendo respuestas sobre sus seres queridos y la repatriación de los cuerpos de quienes habrían muerto en el conflicto. La Cancillería colombiana, en conjunto con Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo, ha confirmado que trabaja en el caso, pero enfrenta serias dificultades por la falta de datos precisos aportados por las familias: en muchos casos solo se cuenta con el nombre del desaparecido, sin conocer la ciudad, la unidad militar o las fechas exactas de su desaparición.

Embajada rusa se desmarca del reclutamiento

En un comunicado escrito, la sede diplomática rusa aseguró no tener “ninguna relación con las organizaciones o métodos de eventual involucramiento de los ciudadanos colombianos a los combates de guerra bajo los pretextos falsos” y recomendó a los colombianos evitar cualquier contacto con “personas inescrupulosas” que realicen esa actividad ilegal. “Al contrario, abogamos en numerosas ocasiones ante el Gobierno colombiano por parar cuanto antes la mala práctica de la participación de los oriundos de la República en los conflictos en el exterior, en particular en Ucrania”, señaló la embajada. Sin embargo, el pronunciamiento no ofreció información sobre los 173 desaparecidos reportados, ni sobre las vías para la repatriación de los cuerpos, un proceso que, según estimaciones de las autoridades, puede costar hasta 860 millones de pesos colombianos desde Europa, más gastos de conservación en morgues que alcanzan los 2 mil euros por día.

Las historias detrás de las cifras

Entre los casos más conocidos está el de Francisco Antonio Pabón Escalante, de 51 años, cuya desaparición fue reportada por su esposa, Enny Peña, desde finales de marzo de 2026. El consulado colombiano en Moscú envió una solicitud oficial de verificación el 11 de junio de ese año, pero la respuesta de las autoridades rusas, según informó el propio consulado, se rige por una normativa que otorga un plazo de 30 días calendario para responder, tiempo que “en la práctica se ha prolongado de manera indefinida debido a la actual coyuntura del conflicto armado”. Otro caso es el de Juan Sebastián Calderón, de 25 años, quien murió el 1 de noviembre en Rostov del Don, Rusia. Había firmado un contrato militar de un año con una empresa de Medellín que prometía pagos de hasta 40 millones de pesos por herida y 300 millones por muerte, pero su familia aún no ha recibido la póliza y carece de recursos para repatriar su cuerpo. Traerlo a Colombia costaría aproximadamente 45 millones de pesos, y la vía más viable ha sido la cremación y el envío de cenizas por valija diplomática, opción que las autoridades rusas ofrecen junto con el entierro local o el envío de cenizas.

“La Embajada de la Federación de Rusia en Colombia no tiene ninguna relación con las organizaciones o métodos de eventual involucramiento de los ciudadanos colombianos a los combates de guerra bajo los pretextos falsos. Recomendamos a todos los colombianos evitar cualquier contacto con las entidades o personas inescrupulosas que supuestamente realicen la actividad ilegal mencionada.”

Embajada de la Federación de Rusia en Colombia

La ONG La Voz que No Están, que acompaña a más de 400 familias en esta situación, ha denunciado que mientras en Ucrania las solicitudes de información tardan unos 15 días, en Rusia pueden demorar hasta dos meses o simplemente no obtener respuesta. Carlos Ramírez, cofundador de la organización, señaló que solo se conocen dos casos exitosos de repatriación desde Rusia, lo que evidencia la complejidad del proceso. Colombia, como firmante de la Convención Internacional contra el reclutamiento de mercenarios de la ONU de 1989, enfrenta ahora el desafío de proteger a sus ciudadanos en el exterior, mientras los familiares continúan esperando, sin respuestas concretas, el regreso de quienes partieron con la promesa de un contrato y terminaron atrapados en una guerra lejana.

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