Empresas colombianas evalúan beneficios no salariales como alternativa a aumentos de sueldo en 2027

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En un escenario de inflación persistente que supera el 6,3% anual, las empresas colombianas han comenzado a explorar de cara a 2027 el fortalecimiento de los beneficios extralegales no constitutivos de salario como una estrategia para mejorar el poder adquisitivo de sus trabajadores sin disparar los costos laborales. Según explicó Alex Robbio, cofundador y director ejecutivo de Glim, se trata de un mecanismo amparado por el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1393 de 2010, que permite complementar el ingreso de los empleados a través de apoyos en alimentación, transporte o salud, sin que estos pagos incrementen en la misma proporción las prestaciones sociales y los aportes de nómina.

La presión sobre el bolsillo de los colombianos quedó reflejada en los últimos reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que registraron una inflación anual de 6,29% en septiembre de 2026 y de 6,30% en octubre del mismo año. Aunque la variación mensual del IPC fue de apenas 0,20% en octubre y el año corrido se ubicó en 5,94%, el alza acumulada sigue golpeando con fuerza sectores como restaurantes y hoteles (9,44%), salud (7,79%) y alimentos (6,74%). Esta realidad, indicó Robbio, “no solo afecta a los trabajadores, sino que también representa un desafío para las empresas, que buscan ofrecer remuneraciones que permitan a sus empleados cubrir sus necesidades y mantener su poder adquisitivo”. Cerca de diez millones de personas pertenecen al empleo formal en Colombia, mientras que otros diez millones están en la informalidad, según cifras del Dane mencionadas en el análisis de Glim.

Frente a la dificultad de asumir incrementos salariales que eleven automáticamente las cargas prestacionales, las compañías están evaluando esquemas de compensación flexible. “Los incrementos salariales también elevan los costos asociados a prestaciones sociales y aportes de nómina, por lo que no todas las organizaciones cuentan con la capacidad financiera para asumirlos, incluso cuando reconocen la necesidad de mejorar las condiciones económicas de sus equipos”, afirmó Robbio. La clave está en que estos beneficios no retribuyen directamente el servicio prestado y deben ser acordados expresamente entre el empleador y el trabajador para que no integren la base de prestaciones sociales ni aportes parafiscales. No obstante, la ley establece un límite: si los pagos no salariales superan el 40% de la remuneración total, el excedente debe incorporarse a la base de cotización a seguridad social, tal como lo dispone el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Un modelo que gana terreno en las empresas

La implementación de este tipo de compensación no solo alivia la carga financiera de las organizaciones, sino que también puede generar ventajas tributarias. Según el artículo 387-1 del Estatuto Tributario, algunos pagos como los de alimentación pueden ser deducibles para la empresa y no constituir ingreso tributario para el trabajador, siempre que se respeten los topes y requisitos legales. En la práctica, estos beneficios han evolucionado con el uso de plataformas digitales que permiten asignar montos por categorías de consumo y hacer seguimiento de su utilización, lo que ofrece mayor control frente a los bonos tradicionales restringidos a redes específicas. No obstante, desde Glim advierten que los apoyos no serán idénticos ni automáticos para todos los trabajadores, pues cada compañía puede fijar sus propias categorías, montos y reglas de uso.

“Muchas empresas concentran sus esfuerzos en definir cuánto pueden aumentar los salarios, pero desconocen que existen mecanismos para mejorar el poder adquisitivo de sus trabajadores sin que los costos laborales crezcan en la misma proporción. De hecho, las empresas que implementan modelos de compensación flexible pueden alcanzar ahorros de hasta un 30% en las cargas laborales asociadas a los beneficios no salariales”

Alex Robbio, cofundador y director ejecutivo de Glim

Para dimensionar el impacto, Glim pone como ejemplo un trabajador con un salario mensual de 3.000.000 de pesos y beneficios extralegales por 500.000 pesos. Si esos recursos se entregaran como parte del salario, aumentarían las prestaciones sociales y los aportes a seguridad social proporcionalmente. En cambio, al canalizarlos como beneficios no constitutivos de salario dentro del marco legal, la empresa obtiene un ahorro que Robbio estima en hasta un 30% sobre las cargas asociadas a ese rubro. La proyección hacia 2027, sin embargo, no anticipa una aplicación uniforme en todas las compañías, y la consultora subraya que la reducción de costos es una estimación que varía según la estructura salarial, los beneficios otorgados y el cumplimiento de los requisitos normativos. En cualquier caso, la discusión ya está abierta: mientras el costo de vida sigue presionando, las empresas buscan alternativas para que sus trabajadores no pierdan poder de compra sin comprometer su propia estabilidad financiera.

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