Las empresas colombianas que tengan 15 o más trabajadores y decidan no contratar aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante 2026 deberán pagar una cuota de monetización cercana a los 2,6 millones de pesos por cada vacante no ocupada. Este incremento, que equivale a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es una de las consecuencias directas de la reforma laboral aprobada en junio de 2025, que transformó el contrato de aprendizaje en un vínculo laboral especial a término fijo, elevando significativamente los costos para las empresas.
La medida, que modifica la Ley 789 de 2002, ha generado un debate sobre sus efectos reales. Según datos del SENA, en 2025 un total de 8.048 empresas optaron por pagar la monetización, lo que representó un aumento del 39% frente al año anterior y un recaudo récord de 440.737 millones de pesos para la entidad. En los primeros cuatro meses de 2026, ya son 5.243 las compañías que han preferido esta opción, lo que sugiere que la tendencia al alza se mantiene pese al incremento del valor de la cuota.
Un incentivo económico mal focalizado
La congresista Catherine Juvinao ha sido una de las voces más críticas frente a esta situación. En declaraciones recogidas por Caracol Radio, la representante a la Cámara advirtió que «podría estarse creando un incentivo económico mal focalizado, ya que para algunas empresas resulta más atractivo pagar la monetización que generar nuevas oportunidades de formación y empleo para los jóvenes». La crítica apunta a que, en lugar de fomentar la contratación de aprendices, la reforma estaría generando el efecto contrario al buscado.
«Podría estarse creando un incentivo económico mal focalizado, ya que para algunas empresas resulta más atractivo pagar la monetización que generar nuevas oportunidades de formación y empleo para los jóvenes»
Catherine Juvinao, Congresista
El costo mensual de contratar un aprendiz en 2026, según la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), asciende a cerca de 3,2 millones de pesos. Esta cifra incluye las nuevas obligaciones laborales derivadas de la reforma, como prima, cesantías, vacaciones, aportes a pensión, salud, riesgos laborales y parafiscales. Además, la reforma incrementó los apoyos de sostenimiento para los aprendices: durante la etapa lectiva reciben el 75% del salario mínimo, mientras que en la etapa práctica el apoyo es del 100% del salario mínimo.
El panorama plantea un dilema para el sector empresarial y para el propio SENA, que ve cómo el recaudo por monetización crece mientras la generación de nuevas oportunidades de formación para los jóvenes colombianos podría estar estancándose. La discusión sobre si la medida está cumpliendo su objetivo o si, por el contrario, está desincentivando la contratación de aprendices, promete mantenerse en el centro del debate laboral durante los próximos meses.
