En medio de una crisis humanitaria ya agravada por un sismo de magnitud 7,4, los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), han dejado más de 1.300 personas afectadas en los municipios de Sipí y Nóvita, en el departamento del Chocó. La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín, reportó que hasta el 19 de agosto de 2024 se habían contabilizado 1.339 víctimas, equivalentes a 384 familias, en un primer balance que evidenció desplazamientos masivos y confinamiento de comunidades enteras. La situación se agravó el 23 de agosto, cuando un ataque con dron cargado de explosivos dejó tres personas heridas —dos hombres y una mujer— y provocó el desplazamiento forzado de otras 90 familias, aproximadamente 118 personas.
Las comunidades afectadas, que pertenecen al Consejo Comunitario ACADESAN y al pueblo indígena Emberá, han tenido que huir hacia localidades como Barranco, Istmina, Charco Largo y Charco Hondo. Según la verificación de la Defensoría, 1.366 personas (405 familias) lograron evacuar hacia Barranco e Istmina. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió que los combates entre estos dos grupos armados ilegales han impedido que las familias realicen actividades básicas como la pesca, la agricultura y las prácticas ancestrales, elementos fundamentales para su subsistencia e identidad cultural.
Una crisis que se suma al desastre natural
El Chocó ya enfrentaba una emergencia humanitaria tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió la región, con epicentro en San José del Palmar. La Defensoría del Pueblo había alertado sobre el riesgo de violencia armada en Sipí desde 2022, mediante la Alerta Temprana 012, pero la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo se ha intensificado precisamente en las zonas rurales y étnicas más vulnerables. Según el reporte, hombres del Clan del Golfo permanecieron tres días en la comunidad de San Agustín, en Sipí, restringiendo la movilidad y las actividades cotidianas de los habitantes, lo que desencadenó el desplazamiento.
«Inaudita indolencia frente a un pueblo afectado por el sismo»
Iris Marín, defensora del Pueblo
Comunidades receptoras también sitiadas
Las comunidades que han recibido a los desplazados —Barranco, Charco Largo y Charco Hondo— también sufren severas restricciones de movilidad debido a la presencia de grupos armados, lo que dificulta el acceso a alimentos, atención médica, ayuda humanitaria y acompañamiento institucional. La Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera urgente la activación de rutas humanitarias, garantías de condiciones seguras para los civiles, la caracterización de las víctimas y el envío de una misión interinstitucional de verificación que pueda evaluar la magnitud de la crisis y coordinar la asistencia necesaria. Mientras tanto, seis comunidades étnicas continúan atrapadas en el fuego cruzado de una guerra que no les pertenece.
