El equipo de empalme del presidente electo Abelardo De La Espriella ha identificado más de 170 posibles irregularidades en contratos y decisiones administrativas del Gobierno saliente de Gustavo Petro, de las cuales diez ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes. La revisión, que comenzó tras la suspensión del proceso de empalme entre ambas administraciones, está a cargo del auditor forense Carlos Sánchez y un grupo jurídico que analiza los expedientes para determinar si hay lugar a denuncias penales, disciplinarias o de responsabilidad fiscal.
Según fuentes del equipo de transición, los auditores cruzan información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) con reportes periodísticos y derechos de petición recopilados por el grupo. Una vez que el auditor forense emite su concepto técnico, el equipo jurídico elabora las denuncias correspondientes. Entre las entidades bajo la lupa están la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Ecopetrol, su filial Cenit, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Invías, varias empresas electrificadoras y la Vicepresidencia Jurídica.
Contratos millonarios y predios sin titular
Uno de los casos más relevantes es el contrato suscrito por Cenit con la firma Gesycobro S.A.S. por 21.108 millones de pesos, que ya está siendo evaluado por posibles irregularidades. Además, la revisión incluye la política de compra de tierras a través del convenio SAE-ANT, donde se detectaron predios que no estarían titulados a nombre del Estado y algunos aún bajo medidas cautelares judiciales, lo que genera incertidumbre jurídica sobre su adquisición.
En el sector social, el equipo encontró un contrato del ICBF con un hospital intervenido en Chocó para la atención de niños y madres gestantes con desnutrición. Sobre este caso ya se presentó una queja disciplinaria. También se investigan presuntas anomalías en contratos de Invías y empresas electrificadoras, así como procesos que habrían sido direccionados desde la Vicepresidencia Jurídica. Los auditores aseguran que realizan una revisión técnica previa antes de radicar cualquier denuncia, para garantizar solidez en los argumentos.
Otro frente de investigación es la actuación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a quien se cuestiona por el supuesto uso de vehículos y aeronaves oficiales durante el período de licencia que tomó tras la imputación de cargos por tráfico de influencias. El equipo de De La Espriella también ha recibido información de funcionarios del propio Gobierno saliente, quienes habrían entregado datos sobre presuntos hechos de corrupción, lo que ha permitido ampliar el alcance de la auditoría. Se espera que en las próximas semanas se eleven nuevas denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría.
