El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, liderado por el abogado Germán Calderón España, radicó cuatro denuncias formales ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para investigar y frenar contratos y decisiones del Gobierno saliente de Gustavo Petro. Las acciones, presentadas antes del cambio de mando previsto para el 7 de agosto de 2026, buscan bloquear movimientos administrativos que presentan presuntas irregularidades contractuales. Según el equipo del mandatario electo, se trata del «primer empalme anticorrupción de la historia de Colombia», un ejercicio que no es retórico sino una acción concreta, documentada y con nombres propios.
La primera y más urgente de las denuncias corresponde al proceso CCENEG-094-01-2026 de Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores de ciberseguridad, valorado en cerca de 300.000 millones de pesos, cuya adjudicación está prevista para el 28 de julio. El Empalme Anticorrupción advirtió sobre presuntos pliegos direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas locales, estudios de mercado desactualizados y una celeridad sospechosa en el cronograma, y solicitó la suspensión inmediata del proceso mientras se verifica su legalidad, según consta en el documento oficial del equipo de empalme.
Denuncias por presuntas irregularidades en el ICBF
La segunda y la tercera denuncia apuntan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que suscribió un convenio por más de 6.435 millones de pesos con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender la desnutrición infantil en el Chocó, pese a que dicha entidad ya se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud y presentaba antecedentes de baja ejecución. Durante la ejecución del convenio se documentaron la ausencia de personal médico y nutricional, el uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad, lo que derivó en una reducción del 40% en la cobertura, dejando por fuera a siete municipios y liberando más de 2.060 millones de pesos en recursos inicialmente comprometidos. Niños menores de cinco años y mujeres gestantes en condición de vulnerabilidad pagaron las consecuencias de esa contratación irresponsable, señala el documento oficial.
«Durante la ejecución del convenio se documentaron la ausencia de personal médico y nutricional, el uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad, lo que derivó en una reducción del 40% en la cobertura, dejando por fuera a siete municipios y liberando más de 2.060 millones de pesos en recursos inicialmente comprometidos. Niños menores de cinco años y mujeres gestantes en condición de vulnerabilidad pagaron las consecuencias de esa contratación irresponsable»
Documento oficial del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella
Electrohuila y la reforma estatutaria bajo la lupa
La cuarta denuncia recae sobre Electrohuila, donde la Procuraduría ya abrió indagación previa por una presunta reforma estatutaria diseñada para favorecer la permanencia de la actual gerente de la empresa, según el equipo de empalme. El mandatario electo ha reiterado que el compromiso de defender cada peso de los colombianos comenzó antes del 7 de agosto, y que estas denuncias son la demostración de que el ejercicio de empalme anticorrupción no es un gesto simbólico, sino una acción con nombres propios: «Caiga quien caiga», afirmó el equipo de De la Espriella.
«Desde el Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella reiteramos que el primer empalme anticorrupción de la historia de Colombia no es un ejercicio retórico: es una acción concreta, documentada y con nombres propios. Estas denuncias son la demostración de que el compromiso de defender cada peso de los colombianos comenzó antes del 7 de agosto. Caiga quien caiga»
Equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella
