En una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Carolina Casas, esposa de William Salamanca, víctima de ejecuciones extrajudiciales en Casanare, declaró que perdonó a los militares involucrados en el asesinato de su esposo, ocurrido en 2006. “Yo a esos señores militares hace rato los perdoné. No por ellos, por mí, porque por 20 años cargué una maleta bastante pesada de estigmatización”, afirmó Casas durante la diligencia, que también contó con la comparecencia del coronel retirado Germán Alberto León, quien admitió haber dado órdenes que llevaron a su tropa a escoger civiles vulnerables para presentarlos como bajas en combate.
El coronel (r) León, quien comandaba el batallón de infantería número 44 Ramón Nonato Pérez en Casanare en el periodo de los crímenes, expresó su arrepentimiento ante la JEP: “Lo único que me interesa es reparar todo lo que les he causado” y agregó: “Cumplir esa orden hoy en día me pesa y de la cual me arrepiento porque mi obligación moral y profesional era no acatarla”. La JEP lo responsabilizó como coautor por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por homicidio en persona protegida y desaparición forzada, en un caso que abarca 30 personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente entre el 12 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre de 2006 en Casanare.
El magistrado Gustavo Salazar destacó que “León Durán reconoció de manera expresa, libre y detallada haber sido el engranaje que hizo posible los crímenes”. Esta es la primera vez que la JEP impone una sanción alternativa a un compareciente de la fuerza pública que inicialmente no aceptó la imputación y luego lo hizo en etapa de juicio. El coronel (r) León ya había sido condenado previamente a 5 años, 9 meses y 1 día de prisión por falsos positivos en Casanare y Boyacá.
“Nosotros, los que por más de dos décadas, tuvimos que silencio por amenazas del mismo ejército”
Carolina Casas, esposa de víctima
En la misma audiencia, Wilmer Andrey Pérez, presidente de la asociación Casa-Paz, señaló que los comparecientes “deben tener un compromiso genuino con la verdad y no solo con la verdad de las víctimas, sino con la verdad para con el territorio”. La JEP también citó a tres generales retirados y 22 militares más por el subcaso Costa Caribe, que abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, con audiencias en Barranquilla y Valledupar. En ese subcaso, 28 comparecientes fueron imputados por 604 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre enero de 2002 y diciembre de 2008, de los cuales se han recuperado 93 cuerpos y 20 personas han sido identificadas, incluyendo menores de edad, mujeres e integrantes de pueblos indígenas.
