El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre de 2026 la revocatoria de las visas a 21 ciudadanos colombianos, entre los que se encuentran siete funcionarios y exfuncionarios señalados en investigaciones por corrupción, como parte de una política de restricciones migratorias que busca desarticular redes criminales en el hemisferio. La medida fue difundida a través de la red social X por el portavoz Thomas “Tommy” Piggot y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.
Entre los afectados figuran Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique y Martha Peralta; el exsenador José Ignacio Mesa, quien cumple una condena firme de seis años por concierto para delinquir agravado; el exsenador Julio Chagüí; y el empresario Euclídes Antonio Torres Romero, financiador de la campaña de Petro. La lista también incluye a otros once colombianos cuyos nombres no fueron revelados en el comunicado oficial.
Las restricciones se aplican bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que permite al secretario de Estado negar visas cuando considera que la presencia del extranjero podría tener consecuencias adversas para la política exterior del país. «Un visado es un privilegio, no un derecho», afirmó Piggot en su publicación, en la que explicó que la administración estadounidense está imponiendo estas restricciones «para desarticular las redes criminales en todo nuestro hemisferio».
Un mensaje de rendición de cuentas contra la corrupción
El subsecretario Juan Pablo Segura complementó el anuncio señalando que «para proteger la estabilidad regional, es necesario fomentar la rendición de cuentas de los responsables de actos de corrupción». La medida se enmarca en los compromisos adquiridos durante la cumbre de Doral, celebrada en marzo de 2026, y en la declaración del Escudo de las Américas del 22 de septiembre del mismo año.
«Un visado es un privilegio, no un derecho»
Thomas «Tommy» Piggot, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.
La decisión afecta a personas investigadas por distintos escándalos. Ricardo Roa es señalado por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y por la compra de un apartamento en Bogotá relacionada con contratos de Ecopetrol. Los congresistas Manzur, Manrique y Bitar aparecen mencionados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se investigan presuntos acuerdos de contratación pública a cambio de respaldos legislativos. Yahir Acuña enfrenta una investigación de la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con estructuras ilegales. José Ignacio Mesa ya cuenta con una condena firme de seis años de prisión por concierto para delinquir agravado.
El Departamento de Estado subrayó que las restricciones se aplican «independientemente de su filiación política» y que la lista inicial de siete colombianos se suma a los casos de la senadora Martha Peralta y el empresario Euclídes Antonio Torres Romero, cuya situación ya había sido informada previamente. La administración Trump respalda al gobierno del presidente De la Espriella en sus esfuerzos contra la influencia criminal en tribunales, policía y legislativo. El jefe de Estado colombiano celebró la decisión con una frase contundente: «Bienvenidos a la Patria Milagro. ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!», reflejando el respaldo oficial a la medida que sacude el panorama político nacional.
