La estudiante de Derecho Gabriela Muñoz, de 20 años, recibió un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) antes de que se hicieran públicas las denuncias sobre su presunta influencia desproporcionada en la Aeronáutica Civil, revelaron fuentes oficiales. La asignación, que tuvo lugar el 26 de junio de 2026, incluye dos escoltas, un vehículo convencional y un chaleco antibalas, medidas sustentadas en el Decreto 1066 de 2015, que contempla protección para dirigentes o activistas políticos. El caso ha tomado relevancia luego de que la Procuraduría abriera una indagación previa a finales de julio del mismo año para investigar posibles irregularidades en la vinculación de Muñoz y varios de sus familiares en la entidad aeronáutica.
La protección otorgada a Gabriela Muñoz, quien no ocupaba un cargo público de relevancia al momento de la asignación, sigue vigente y será revisada por el nuevo director de la UNP, Didier Fabián Blanco, quien deberá determinar si existen razones para mantenerla. La estudiante había sido nombrada como Auxiliar uno en la Aerocivil mediante la Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025, mientras que su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, recibió un cargo similar como Auxiliar cinco bajo la Resolución 01225 de la misma fecha. La indagación de la Procuraduría, a cargo de la delegada Sonia Patricia Téllez, también abarca a otros familiares: Silvana Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Juan Manuel Galindo Muñoz, todos primos de la joven.
Denuncias de influencia y contratos cuestionados
Las denuncias periodísticas, lideradas por la comunicadora Angie Rodríguez y el representante Daniel Briceño, señalaron que Gabriela Muñoz habría tenido una influencia desproporcionada en la Aerocivil, participando en reuniones de alto nivel a pesar de su bajo perfil administrativo. Rodríguez comparó el caso con el de Juliana Guerrero, quien fue acusada por un frustrado nombramiento como viceministra de Juventudes. Por su parte, Briceño cuestionó abiertamente el poder que Muñoz habría acumulado y la presencia de su núcleo familiar en la entidad. Uno de los contratos bajo la lupa de la Procuraduría pasó de 400 millones a 12.000 millones de pesos, un incremento que ha despertado sospechas sobre posibles irregularidades.
«Una falta de respeto»
María Fernanda Rojas, exministra de Transporte
La exministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como una falta de respeto la respuesta inicial de la Aerocivil a un requerimiento de información sobre los contratos de prestación de servicios. Según Rojas, solicitó los datos a la entidad y recibió un documento incompleto en formato PDF, lo que consideró una evasión a la transparencia. La polémica ha puesto en el centro del debate la asignación de esquemas de seguridad y los mecanismos de control en las entidades estatales, mientras la UNP y la Procuraduría avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos.
