El debate sobre la legalización del porte de armas en Colombia, propuesta bandera del presidente electo Abelardo de la Espriella, ha cobrado un nuevo capítulo este jueves 9 de julio con dos posturas encontradas que marcan la discusión nacional. Por un lado, el docente estadounidense Michael Lee Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes, calificó la flexibilización como “una muy mala idea” basándose en evidencia internacional. Por el otro, el coronel Stick Amaral, comandante del Gaula Militar, expresó en una entrevista radial su respaldo condicionado a levantar las restricciones, siempre que se mantenga un control estatal riguroso.
Weintraub publicó un extenso hilo en la red social X en el que desmontó, con datos concretos, los argumentos de quienes defienden el porte masivo de armas. “La teoría es sencilla: si más ciudadanos están armados, los delincuentes se lo pensarán dos veces”, escribió el académico, para luego contrastar esa idea con los resultados de estudios realizados en Estados Unidos. “La evidencia apunta en la dirección contraria: flexibilizar el porte de armas aumenta los homicidios, la violencia con armas de fuego y los suicidios”, afirmó Weintraub, quien citó investigaciones que demuestran que las leyes que facilitan el porte incrementaron los homicidios entre un 10% y un 30%, efectos que calificó como “realmente gigantes”. Además, señaló que las normativas de “legítima defensa” elevaron los homicidios en aproximadamente un 8%, mientras que restringir el acceso a armas logró reducir los suicidios entre un 2% y un 5%.
El respaldo condicionado del Gaula Militar
En contraste, el coronel Stick Amaral, en declaraciones al programa “6 AM – W” de Caracol Radio, manifestó su acuerdo con la iniciativa del presidente electo, aunque con matices importantes. “Efectivamente, yo estoy de acuerdo en cierta medida”, dijo el oficial, quien se definió como “pro armas” y expresó su deseo de que “levanten tanta restricción para el porte legal de estas armas”. Sin embargo, Amaral fue enfático en que cualquier cambio debe pasar por controles, normas y revisiones del Ministerio de Defensa, y sugirió que una revisión del esquema actual “puede ser que nos pueda ayudar de manera positiva” frente a delitos como la extorsión, que según el coronel se expande con apoyo digital y presenta un subregistro significativo en las denuncias.
El comandante del Gaula Militar defendió su postura citando una cifra que ha sido central en el debate: “el porcentaje de delitos cometidos con armas legales no supera el 1% a nivel nacional”. Este dato, utilizado por los sectores que impulsan la flexibilización, busca demostrar que el problema de la violencia no está en las armas legales sino en el mercado ilegal. No obstante, Weintraub contraargumentó que la evidencia internacional no respalda esa conclusión y lanzó un reto a los defensores de la medida: “Quienes proponen flexibilizar el porte de armas deberían demostrar que los beneficios superan los costos. Hasta ahora, la evidencia apunta en la dirección contraria: más homicidios, más suicidios y ninguna reducción consistente del crimen”.
«La teoría es sencilla: si más ciudadanos están armados, los delincuentes se lo pensarán dos veces. La evidencia apunta en la dirección contraria: flexibilizar el porte de armas aumenta los homicidios, la violencia con armas de fuego y los suicidios.»
Michael Lee Weintraub, docente de la Universidad de Los Andes y director del CESED
El debate, que se ha intensificado en redes sociales y medios de comunicación, enfrenta posturas basadas en evidencia internacional contra argumentos de seguridad ciudadana y control estatal sobre la extorsión. Mientras Weintraub insiste en que los estudios muestran efectos “gigantes” en el aumento de homicidios, Amaral propone un camino intermedio que combine el porte legal con una estricta supervisión gubernamental. La propuesta de De la Espriella, que prometió durante su campaña flexibilizar el acceso a armas para que los ciudadanos puedan defenderse, sigue siendo el eje de una discusión que promete marcar los primeros meses de su gobierno y que, por ahora, no encuentra puntos de encuentro entre la evidencia académica y la experiencia operativa de las fuerzas militares.
