La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia profirió una condena de doce años de prisión contra la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez, exrepresentante a la Cámara por Bogotá, por haber exigido parte de los salarios a cinco trabajadoras de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) durante el periodo legislativo 2014-2018. La pena impuesta asciende a 144 meses y un día, acompañada de inahabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 116 meses y 29 días, además de una multa equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. Las víctimas identificadas son Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes, quienes laboraban en el equipo de la congresista.
De acuerdo con el fallo, Cabello fue hallada culpable del delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo. La Corte estableció que la exrepresentante utilizó su cargo y autoridad para obtener un beneficio económico indebido, solicitando directamente o a través de colaboradores de confianza que las trabajadoras le entregaran periódicamente parte de su remuneración mediante consignaciones bancarias, transferencias, entregas en efectivo o la asunción de gastos de funcionamiento de la oficina. En varios casos, las exigencias se presentaban después de ascensos laborales que implicaban incrementos salariales; algunas víctimas debían devolver sumas cercanas al aumento recibido, mientras que otras entregaban un salario mínimo o la mayor parte de su remuneración mensual como condición para permanecer en sus cargos.
Condena y medidas complementarias
La Sala Especial de Primera Instancia negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que se librará orden de captura cuando la sentencia quede firme, para que Cabello cumpla la condena en un establecimiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La investigación recopiló testimonios de las víctimas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, extractos bancarios y actos administrativos de nombramientos y ascensos, elementos que resultaron clave para demostrar la sistemática exigencia de dinero como condición para mantener el empleo en la Unidad de Trabajo Legislativo.
“Cuando solicitó directamente o por interpuesta persona a cinco de sus colaboradoras que le entregaran parte de su salario como condición para su permanencia en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento”.
Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia
La sentencia subraya que estas exigencias afectaron la confianza en el Congreso y constituyeron un abuso de la función pública. Además de la condena penal, la Corte ordenó indemnizar a las cinco víctimas y compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a la excongresista por posibles delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenaza. Con esta decisión, el alto tribunal envía un mensaje contundente contra la corrupción en el Legislativo, especialmente en lo que respecta a la instrumentalización de los cargos de confianza dentro de las Unidades de Trabajo Legislativo.
