Diana Marcela Ramírez, líder del equipo de Gestión Financiera, y Verónica Villegas, exasesora de la dirección del Fondo de Adaptación, han presentado derechos de petición en los que alegan haber sido obligadas a firmar cartas de renuncia durante una reunión convocada el 16 de abril de 2026 por Angie Rodríguez, gerente de la entidad. Según sus denuncias, las cartas ya habían sido redactadas previamente por funcionarios de la entidad sin su intervención ni consentimiento, y fueron compelidas a suscribirlas bajo condiciones de presión, incluyendo la retención de sus celulares y objetos personales.
Estas exfuncionarias detallan en sus peticiones que durante la reunión citada por Rodríguez en las instalaciones del Fondo de Adaptación se configuró un escenario de constreñimiento, donde no solo les entregaron los documentos listos para firmar, sino que también les retuvieron elementos personales sin ningún acto administrativo que lo respaldara. Ramírez exige copia de su renuncia, el procedimiento administrativo para las renuncias, grabaciones de la reunión con aclaración sobre autorización y uso, así como el sustento legal para la retención de sus pertenencias. Por su parte, Villegas solicita copia de correos, accesos, Drive, certificación de integridad, metadatos de la renuncia y grabación de la reunión sin consentimiento, además de cuestionar el retiro de su celular personal.
Contexto de irregularidades y denuncias previas
El caso surge en medio de denuncias previas realizadas por la propia Angie Rodríguez sobre irregularidades en el manejo de recursos del Fondo de Adaptación, incluyendo una baja ejecución presupuestal y la presencia de un supuesto «espía» en la entidad. Estas revelaciones fueron conocidas gracias a derechos de petición divulgados por Caracol Radio. Además, Verónica Villegas había sido señalada en una denuncia de corrupción por Carlos Carrillo, director de la Ungrd, quien la acusó de exigir una coima en un contrato. Las salidas de estas funcionarias ocurren precisamente en el marco de la Ley de Garantías, vigente por el periodo electoral en Colombia, lo que añade un tinte de mayor sensibilidad política al escándalo.
«Me fue presentada una carta de renuncia que había sido redactada y preparada previamente por funcionarios de la entidad, sin mi intervención, consentimiento ni instrucción, siendo compelida a suscribirla bajo condiciones de presión que configuran constreñimiento ilegal en los términos del artículo 182 del Código Penal Colombiano, viciando de nulidad el acto de renuncia conforme al artículo 1508 y siguientes del Código Civil»
Verónica Villegas, exasesora de la dirección del Fondo de Adaptación
Las peticiones de Ramírez y Villegas buscan no solo declarar la nulidad de las renuncias, sino también esclarecer las irregularidades en el proceso y las acciones de retención de bienes, en un momento en que el Fondo de Adaptación enfrenta escrutinio público por su gestión. Este episodio pone en jaque la transparencia de la entidad y podría derivar en investigaciones formales sobre las denuncias de presión y corrupción que rodean a sus altos mandos.
